El País está rezagado en aplicar medidas laborales para cumplir con los compromisos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y hay claras violaciones a los derechos, expuso el informe presentado al Congreso de EU por una Junta de Expertos Laborales Independientes.
«Muchos de los cambios prometidos para mejorar la vida de los trabajadores, en términos de democracia sindical, libertad de asociación y negociación colectiva, aún faltan por implementarse. La mayoría de los trabajadores no es aún capaz de elegir democráticamente a sus líderes o ratificarlos en acuerdos colectivos», destaca.
Acusa que un gran porcentaje de los trabajadores en México están bajo contratos de protección, los cuales son firmados entre empleadores y sindicatos que no tienen representación.
Estos contratos aseguran bajos salarios y malas condiciones laborales, acusa.
El informe destaca que la subcontratación u outsourcing, que en días recientes fue motivo de discusión en el País, impide el cumplimiento de la reforma laboral.
«Estas prácticas (outsourcing) hacen que sea cada vez más difícil para los trabajadores determinar quién tiene responsabilidad por sus salarios, beneficios y condiciones de trabajo, y les impide buscar soluciones cuando hay violación a sus derechos», critica el documento fechado el 15 de diciembre.
Entre las recomendaciones, pide que el Gobierno de EU colabore con implementación del T-MEC y que se adelante a octubre de 2021 la creación de los centros de conciliación en Nuevo León y Tamaulipas.
Armando Guajardo, presidente de la Comisión Laboral de la Coparmex, aseguró que los contratos de protección tenderán a eliminarse conforme avance la reforma laboral.
«Los contratos de protección con la reforma en sí misma se van a acabar, ya esos contratos no se van a poder legitimar si no tienen una verdadera representación de los trabajadores. Van a desaparecer», señaló.
Rechazó que estos contratos existan para pagar salarios bajos a los trabajadores, sino ha sido una forma de defensa ante la extorsión de ciertos sindicatos.
«¿Por qué tienen ellos que incidir en que dos estados avancen para 2021 cuando lo tienen para 2022?
«Recordemos que ellos establecieron estos organismos interinstitucionales que reportan a la USTR (oficina del Representante de Comercio en EU) y al Departamentos del Trabajo, pero ellos son visores, el reporte es para esos organismos pero no tienen ninguna facultad ni injerencia dentro de México», respondió.
Por su parte, Héctor de la Cruz, abogado de la firma De la Vega y Martínez, señaló que el documento solo aporta recomendaciones, pero tendría un verdadero impacto si el Congreso de Estados Unidos decide hacerlas exigibles.
«Es preocupante que se afirme que hay un esquema de represión de los trabajadores que ha culminado con despidos, cárcel o asesinatos», señaló.
