Rubén Moreira Valdez
En entrevista con diversos medios, el sacerdote José Filiberto Velázquez, de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, cuenta cómo la Iglesia ha contribuido al cese de las hostilidades entre grupos del crimen organizado en una región de Guerrero.
El periodista Arturo de Dios Palma (El Universal, 20.02.24) estuvo en esa reunión y publica la conversación que los medios tuvieron con el sacerdote.
Velázquez, director del Centro de Defensa de los Derechos de las Víctimas de la Violencia, que se ubica en Chilpancingo, capital del estado, asegura que la Iglesia ha sido artífice de una “tregua” entre dos bandas del crimen organizado: Los Ardillos y Los Tlacos.
En su versión, los grupos manejan una gran cantidad de negocios, ilegales y legales, que les dan cuantiosas ganancias, muchas más de las que les proporciona la actividad tradicional del mercado de las drogas.
Estos líderes están también metidos en los procesos electorales de las zonas que controlan y ponen a candidatos y autoridades. Entre ellos a los jefes de la Policía y a los encargados de las obras públicas del municipio.
El martes 13 de febrero se concertó la tregua, que se mantiene hasta hoy que escribo. En la negociación participaron los líderes de ambos grupos, Celso Ortega Jiménez, de Los Ardillos, y Onésimo Marquina Chapa, de Los Tlacos.
La labor del sacerdote fue hablar previamente con gente cercana a estas personas y después facilitar un encuentro telefónico entre ellos. Su objetivo único era que cesaran los homicidios de unos y otros.
El padre asegura que los líderes criminales “se reclamaron lo que tenían que reclamarse y al final acordaron no afectar sus intereses, sus negocios”. Él no estuvo conectado en esa llamada. Para provocar el encuentro tuvo la autorización de su obispo.
Según el sacerdote, tanto Ortega como Jiménez se mueven libremente en sus comunidades y todas las personas de la región los conocen. Ninguna autoridad los persigue y más bien los protegen.
Velázquez considera que la “tregua” es un precedente que puede resultar útil para poner fin a la violencia. Sabe que no es la solución y que lo que ahora la Iglesia ha hecho es “desarmar el conflicto”, pero no resolverlo.
El sacerdote reconoce que “estamos hablando de una economía inmoral que tiene su origen no solo en Guerrero; tiene sus brazos en otros países (…)”.
La Iglesia en Guerrero ha hecho lo que ella cree, un “servicio” a su comunidad. La realidad, sin embargo, es que sirvió de enlace y garante de los grupos delictivos para lograr acuerdos que les permiten obtener mayores ganancias. Es bueno que el baño de sangre terminara, pero eso no libra a las comunidades del yugo de los delincuentes.
Mientras eso sucede, las autoridades de Guerrero son cómplices por omisión y dedican sus esfuerzos a minimizar el problema.
