SI LA FGR REACTIVA ACCIÓN LEGAL EN SU CONTRA
Busca con amparo se revisen acuerdos del Caso Agronitrogenados y respeten acuerdos con Pemex, Fiscalía intenta echar abajo pacto de prórroga entre paraestatal y el empresario acerero
Por: Abel Barajas
La Prensa/Reforma
Alonso Ancira demandó a través de un amparo revisar la proporcionalidad del acuerdo reparatorio que le obliga a pagar 216 millones de dólares a Pemex, por una acusación de lavado de 3.4 millones de dólares en el Caso Agronitrogenados.
Por vez primera, el ahora ex presidente del Consejo de Administración de Altor Hornos de México (AHMSA) cuestionó la proporción del acuerdo al que llegó con la empresa productiva del Estado y que le permitió salir de la cárcel el 19 de abril de 2021.
La demanda fue presentada ante Rubén Darío Noguera Gregoire, Juez Octavo de Distrito en Amparo de la Ciudad de México.
En abril del 2021, el empresario salió del Reclusorio Norte gracias a que pactó pagarle a Pemex 216 millones 664 mil 40 dólares en un periodo 3 años, teniendo como límite el 30 de noviembre de 2023.
Al cumplirse el plazo perentorio, Ancira sólo había cubierto 104 millones 166 mil 50 dólares y le restaba garantizar 112 millones 497 mil 990 dólares.
Por lo anterior, la Fiscalía General de la República solicitó la audiencia de enero pasado para que el juez dejara sin efecto el acuerdo reparatorio, reactivara el proceso penal y ordenara la reaprehensión.
Sin embargo, en esa diligencia Pemex no estuvo de acuerdo con la FGR y decidió conceder a Ancira una prórroga de un año –que vence en noviembre próximo– para que pague el monto restante.
El empresario presentó su amparo contra varios acuerdos dictados por el juez en esa diligencia, pero no contra la prórroga que está en curso.
Reclamó que el juez de control Gerardo Alarcón López resolviera que no procede que Pemex le devuelva los más 104 millones de dólares que hasta el momento ha pagado, en caso de que se cancele el acuerdo y se reactive el proceso en su contra por el Caso Agronitrogenados.
También, impugnó que declarara la imposibilidad de ejercer su jurisdicción para ejecutar las garantías pactadas en el acuerdo reparatorio, es decir, para que los bienes que Ancira dejó en garantía –la empresa AHMSA entre ellos– pasen a ser propiedad de Pemex y se cancele el proceso penal en su contra en forma definitiva.
Ancira demandó también que el juez acordara la imposibilidad de analizar la proporcionalidad del acuerdo reparatorio, según registros judiciales.
Asimismo, reclamó la inconstitucionalidad del párrafo segundo del artículo 35 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, porque no prevé la devolución de los pagos parciales de un acuerdo reparatorio fallido.
Sobre esta Ley, demanda su discusión, aprobación, refrendo y publicación del decreto.
«Lo que el juez dijo en esa audiencia es que sí procedía firmarse esa prórroga, pero que si no se pagaba, se reactivaba el proceso penal y que si el proceso se reactivaba, Pemex se podía quedar el dinero de las parcialidades pagadas», dijo Mauricio Flores, abogado de Ancira.
«Lo que dijimos es no, que se firme la prórroga y si no se firma volvemos al estado en que estábamos, en donde el proceso penal se reactiva, pero el dinero se devuelve. Y lo que dijimos en el amparo es que nosotros no queremos el dinero devuelto, sino que se dicte una prórroga o se ejecuten las garantías, que es lo que ya se firmó con Pemex».
En este asunto, Ancira fue vinculado a proceso por el delito de lavado de dinero, porque en 2012 presumiblemente pagó a Emilio Lozoya un soborno de 3.4 millones de dólares, para que al año siguiente Pemex le comprara a AHMSA la planta «chatarra» del complejo de Pajaritos, Veracruz, por 275 millones de dólares.
