Por Raymundo Riva Palacio
La alcaldesa de Troya
En las próximas semanas correrán a registrarse candidatas y candidatos de todos los partidos para la elección histórica del próximo año, por el número de cargos de elección popular que se pondrán en juego el 6 de junio. Los partidos, que ahora tienen la obligatoriedad de incluir el principio de género para 50 por ciento de sus nominadas, están en el mercado de candidatas que tengan la fuerza necesaria para sumar votos. La ideología no importa, ni los programas. Se trata de ganar a como dé lugar. Este punto es de gran relevancia, sobre todo en estados donde haya candidatos en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador no querrá sufrir la vergüenza de su derrota. Por ejemplo, digamos, en Sonora.
Esta semana Alfonso Durazo, a quien el Presidente le pidió hasta el último momento renunciar a la gubernatura de Sonora y no a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se registró como el candidato de Morena. Es una vieja ambición del priista-panista-morenista, y piensa que va seguro a la victoria, montado en el caballo de la popularidad de López Obrador. Durazo llegó a Hermosillo para arrancar su campaña semanas antes de dejar el gobierno federal, bañado en lisonjas de la presidenta municipal de la capital, Célida López Cárdenas, quien aspiraba a la candidatura para gobernadora, pero entendió que su tiempo sería después y buscará la reelección, mientras sibilinamente lo apuñala.
López Cárdenas ha sido cuidadosa en lo público, pero descuidada en lo privado. Un alto funcionario de Palacio Nacional que impulsó a Durazo dijo que no la necesitaban para ganar la gubernatura, aunque tenían claro que la alcaldesa no era una política fácil, ni leal. Ella ha estado vinculada al equipo del perseguido exgobernador Guillermo Padrés desde 2008, cuando la nombró coordinadora del trabajo con las mujeres en su campaña para gobernador. De ahí brincó al PAN estatal, que fue puente para que entrara al gobierno de Padrés como subsecretaria en Desarrollo Social, desde donde la hicieron diputada local del PAN. Como tantos oportunistas, rompió con el PAN en 2017 y se lanzó para la presidencia municipal de Hermosillo en 2018 bajo los colores de Morena.
La alcaldesa ha sido polémica hasta el absurdo. En su segundo informe de gobierno a mediados de septiembre, pidió que el Ejército habilitara un pelotón de fusilamiento para matar “a los narcotraficantes” por envenenar a la juventud. Sus propuestas contradicen la política de López Obrador y del propio Durazo, quien siguió las instrucciones presidenciales de que con los narcotraficantes, abrazos, pero nunca balazos. López Cárdenas está en lo suyo, que no es lo del candidato a gobernador, ni lo de Palacio Nacional, ni lo del Presidente. De hecho, está con sus adversarios.
Los estrategas detrás de la alcaldesa no se encuentran en Hermosillo, sino en la Ciudad de México. No están en Morena, sino en la vieja cantera del PAN. El despacho que le lleva la estrategia es el que encabeza Roberto Gil, el exsecretario particular del entonces presidente Felipe Calderón, que es una de las mentes pensantes de varios gobernadores panistas enfrentados con López Obrador, y Carlos Alberto Lezama Fernández del Campo, que fue apoderado legal del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, cuando Germán Martínez era presidente nacional del partido. En ese despacho participan como socios los panistas Jorge Luis Lavalle y Salvador Vega Casillas, a quienes el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, ha señalado como beneficiaros de millones de pesos en sobornos por su apoyo para la aprobación de la reforma energética.
Otro socio, el último de ellos, pero el principal operador en varios estados, como en Sonora, es el abogado Fernando Salmerón, vinculado a Gil desde los tiempos del PAN y el Senado, que es el enlace de López Cárdenas con el despacho que le maneja la estrategia, y que tiene tal ascendencia sobre ella, que le ha delegado poderes extraordinarios para manejar y ordenar acciones a su equipo municipal. Salmerón es señalado como responsable de que haya cancelado concesiones –ella se defiende al afirmar, sin probar aún, que son fraudulentas–, haya dejado de pagar adeudos o se haya enfrentado directamente con las políticas públicas del gobierno estatal en la estrategia para contener la pandemia del coronavirus, que quería realizar a su discreción y tener, incluso, su propio semáforo epidemiológico.
La alcaldesa ha estado utilizando los recursos del municipio de una forma que ha generado sospechas sobre el destino al cual llegan, porque al mismo tiempo que ha afectado las obras locales y los proyectos de inversión, su gasto es galopante, al extremo de tener un nivel de endeudamiento que las autoridades hacendarias lo han colocado en la categoría de “en observación”, al haber llegado casi a su tope de 133 millones de pesos este año.
