Por escasos vuelos de deportación, la nueva política enfrenta desafíos logísticos y diplomáticos, dificultando su aplicación a gran escala
Por Staff
Agencia Reforma
ESTADOS UNIDOS.- La Patrulla Fronteriza arrestó a Gerardo Henao 14 horas después de que el presidente Joe Biden ordenó esta semana suspender la tramitación de asilo en la frontera de Estados Unidos con México. Pero en lugar de ser deportado sumariamente, los agentes lo dejaron al día siguiente en una parada de autobús de San Diego, donde subió a un tren hacia el aeropuerto para tomar un vuelo a Newark, Nueva Jersey.
Henao, quien dejó su negocio de joyería en Medellín, Colombia, debido a constantes intentos de extorsión, tuvo una cosa a su favor: la escasez de vuelos de deportación a ese país. La falta de recursos, las limitaciones diplomáticas y los obstáculos logísticos dificultan que el gobierno del presidente Joe Biden imponga su restricción a gran escala.
La política, que entró en vigor el miércoles, tiene una excepción por “consideraciones operativas”, lenguaje oficial que reconoce que el gobierno carece del dinero y la autoridad para deportar a todos quienes están sujetos a la medida, especialmente personas de países de Sudamérica, Asia, África y Europa que llegaron hace poco a la frontera.
El Departamento de Seguridad Nacional dijo en un documento detallado que describe la prohibición que “la demografía y las nacionalidades encontradas en la frontera impactan significativamente” su capacidad para deportar personas.
Miles de inmigrantes han sido deportados bajo la prohibición hasta ahora, según dos altos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional que informaron a los periodistas el viernes con la condición de que no se revelaran sus nombres. Hubo 17 vuelos de deportación, incluido uno a Uzbekistán. Entre los deportados se encuentran personas de Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Perú y México.
Henao, de 59 años, dijo que un agente de la Patrulla Fronteriza le informó sobre la prohibición después de que lo recogieron el miércoles en un camino de tierra cerca de una línea eléctrica de alto voltaje en las montañas rocosas al este de San Diego. El agente procesó los documentos de liberación que le ordenaban comparecer ante el tribunal de inmigración el 23 de octubre en Nueva Jersey. Casualmente le preguntó a Henao por qué huyó de Colombia, pero no prosiguió esa línea de interrogación.
“Nada. Tomaron foto, huellas y eso fue todo”, dijo Henao en un centro de tránsito de SanDiego, donde la Patrulla Fronteriza llevó cuatro autobuses llenos de migrantes en un lapso de cuatro horas el jueves por la tarde.
Muchos de los migrantes liberados ese día procedían de China, India, Colombia y Ecuador. Un grupo incluía a hombres de Mauritania, Sudán y Etiopía.
“Hola, si acaban de llegar, han sido liberados de la custodia de inmigración y pueden ir al aeropuerto”, dijo un voluntario con un megáfono a los migrantes, y los dirigió a la plataforma del tren ligero al otro lado del estacionamiento. “Pueden tomarlo gratis si no tienen dinero para un taxi o un Uber”.
Según la medida, los trámites de asilo se suspenden cuando los arrestos por cruces ilegales lleguen a 2,500 por día. Termina cuando su promedio está por debajo de 1,500 durante una semana consecutiva.
