Por Expansión
La Prensa
Las cúpulas de los partidos políticos lo volvieron a hacer: si hace 15 años impulsaron a las “Juanitas” y hace seis a las “Manuelitas” para violar la ley y los derechos políticos de las mujeres, ahora están por apoderarse de cargos gracias a espacios que correspondía ocupar al género femenino, pero anotándose como mujeres trans.
En las pasadas elecciones del 2 de junio resultaron ganadores personajes que un día eran varones, y al otro, fueron registrados como integrantes de la comunidad LGTBTTTIQ+ y ganaron su elección postulados como mujeres trans. Hoy se estima que existen al menos una decena de impugnaciones ante tribunales para detener esos casos de “usurpación” y fraude a la ley.
Perfeccionan las trampas
En aras de privilegiar la inclusión y reducir las brechas de desigualdad que han vivido históricamente, desde hace años se han establecido candidaturas exclusivas para indígenas, afromexicanos, migrantes o bien, integrantes de la LGTBTTTIQ+, que comprende a las personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgéneros, transexuales, intersexuales y queer, más nuevas comunidades y disidencias.
En las elecciones federales las acciones afirmativas consistieron en la obligación de los partidos y coaliciones a registrar candidaturas de 34 personas indígenas (en las dos Cámaras del Congreso y por ambos principios, mayoría relativa y representación proporcional) y además cinco afromexicanas nueve con discapacidad, cuatro de la diversidad sexual y seis migrantes y residentes en el extranjero, poblaciones que a en los estados también debieron contar con candidaturas reservada para contender en elecciones locales.
En la etapa de revisión de postulaciones a cargos federales, el Instituto Nacional Electoral (INE) quitó el registro a 23 abanderados que pretendieron pasar por indígenas y se comprobó que no lo eran. Y en total se registraron, sólo en las elecciones federales, 81 candidatos que se autoidentificaron como parte de la comunidad LGTBTTTIQ+ , y bastó que así se registraran, sin mayor revisión.
Sin embargo, con tal de dar espacios a abanderados hombres, los partidos han buscado cada elección mecanismos novedosos para dar la vuelta a las normas, tanto en elecciones federales como locales.
Este proceso electoral de 2024 se perfeccionaron, encontraron un recoveco en sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y en la normatividad electoral, y gracias a una larga historia de fraudes a la ley en contra de los derechos de las minorías, y sanciones laxas que no han servido para disuadirlos, volvieron a repetir las irregularidades.
En 2009, 12 diputadas federales electas solicitaron licencia apenas tomaron posesión de sus cargos. Ocho se fueron y dejaron como diputados suplentes a varones; otras optaron por no asistir a las sesiones, lo que obligó a la mesa directiva de la Cámara a llamar a sus suplentes, todos hombres.
Se prestaron a esa estrategia cuatro diputadas del Partido Verde (PVEM), cinco del Revolucionario Institucional (PRI), dos del de la Revolución Democrática (PRD) y una del Partido del Trabajo (PT).
En 2018 se aplicó otra trampa muy similar, cuando en Chiapas 51 mujeres que ganaron su elección a diputadas o a una regiduría municipal, renunciaron en masa; todos sus suplentes eran hombres. Al final, pese a la polémica y las protestas, se confirmaron 67 casos.
Detrás de esa estratagema estuvieron el PVEM -otra vez- y su líder y entonces gobernador chiapaneco Manuel Velasco -cuyo círculo cercano resultó favorecido con cargos, por lo que estas mujeres fueron bautizadas como “Manuelitas” –, pero también fue una práctica de los partidos Nueva Alianza, Mover a Chiapas, Chiapas Unido y el PRI, todos ellos aliados al Verde en esa elección.
En 2017-2018 la táctica fue ocupar espacios de la comunidad LGTBTTTIQ+ y eso comenzó en Oaxaca, en que se registraron 19 candidatos que se presentaron como mujeres transgénero – en el estado conocidos como muxes- para cumplir con la obligación de los partidos de tener candidaturas en paridad y para sectores vulnerables o discriminados.
En 17 casos se acreditó que se hizo un “fraude a la ley” se retiró el financiamiento ordinario por 18 meses a los partidos responsables: Movimiento Ciudadano (MC) y Nueva Alianza (Panal).
Sin embargo, fue ese caso emblemático el que abrió la puerta a que hoy se hayan generalizado los intentos de fraude, ya que gracias a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se liberalizaron las reglas y se permitió que baste la “autoadscripción sexo-genérica simple” es decir, que una persona diga ser de determinada minoría sexual, para que se valide como cierto y proceda su registro con esa denominación.
Esa sentencia del 21 de junio de 2018 y conocida como «la de los muxes”, estableció que el Estado debe proteger la paridad entre hombres y mujeres en la postulación de las candidaturas y evitarse una simulación, pero al mismo tiempo ordena que la manifestación de pertenencia a un género sea suficiente para justificar la autoadscripción de una persona.
Pese a las advertencias de que esa no era una vía idónea, la mayoría de magistrados aprobaron esa laxitud: “partiendo de los principios de buena fe y presunción de la condición, basta con que se haga saber a la autoridad respectiva la autoadscripción sexo-genérica, con una manifestación que denote claramente la voluntad de la persona en cuestión, para que tenga plenos efectos legales” y la autoridad “está obligada a no exigir cargas procesales irracionales o desproporcionadas”.
Así, ocuparon cargos sin problema, pero también sin legitimidad –de acuerdo a representantes de la comunidad diversa– dos diputadas federales electas en 2021 y que concluirán funciones en agosto.
Ese año llegaron a la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados cuatro personas diputadas federales por la llamada “cuota arcoiris”, entre ellas las primeras diputadas trans, Salma Luévano y María Clemente García, pero otras dos permanecieron prácticamente “en el closet”.
Fue el caso de las diputadas federales Fuensanta Guadalupe Guerrero, del PRI, y Kathia Bolio Pinelo del PAN, quienes en la legislatura no se caracterizaron por ser de esa comunidad diversa con propuestas o activismo.
“Se ocultaron, quisieron minimizar la usurpación. Yo como madre de las cuotas arcoíris tuve que solicitar al INE y recurrir al Instituto Nacional de Transparencia (INAI) para que se me dieran la información. Así pudimos conocer cómo hubo usurpación de esos espacios que corresponden a la diversidad y los ocuparon legisladores que nunca han visto por ella”, advierte la diputada Luévano, de Morena.
“En los partidos ha habido una rapiña, una rapacidad a querer ocupar espacios, querer quedarse en el poder”, acusa al afirmar que, como parte de colectivos de la diversidad se impugnaron varios triunfos en los que “usurpadores” se presentaron como trans, sin serlo, casos en los que estará vigilante.
Por último, otra táctica partidista aplicada en elecciones federales y locales consiste simplemente en cumplir con el registro de postulaciones de las minorías, pero ponerlas en sitios que hagan prácticamente imposible su triunfo.
En este año 2024, Morena seleccionó por tómbola al activista Tuss Fernández en el lugar número uno como diputado federal plurinominal, pero ese partido lo anotó hasta el lugar 22 y como hombre, sin respetar su identidad sexogenérica ni su espacio seguro para llegar a la Cámara de Diputados.
