Víctor Sánchez, secretario General, señala que el tema debe valorarse de manera amplia, por los daños psicológicos hacia las personas
Oscar Ballesteros
La Prensa
Hace cinco años la denuncia anónima de un grupo de mujeres sobre presuntos abusos al interior de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila detonó una serie de cambios al estatuto universitario que derivaron en la creación del Tribunal Universitario con enfoque de género, el cual entró en funciones en la actual administración que encabeza el rector Octavio Pimentel González.
Víctor Manuel Sánchez Valdez, secretario General de la Universidad Autónoma de Coahuila, afirma que el tema de género tiene que valorarse de manera amplia, por los posibles daños psicológicos hacia las personas que no dejan rastro evidente; “La persona que sufre esto no tiene las pruebas materiales, pero existen diferentes formas de llegar a una posible determinación de daño, por eso la intención de contar primero con un protocolo desde 2019, luego hicimos un grupo de expertos que trabajaban en distintas facultades y valoraban los casos, pero nos dimos cuenta que no tenían necesariamente el tiempo y comenzamos a ver mucho rezago en la atención”; fue así como surgió la idea de constituir un Tribunal Universitario.
Pero ¿qué tan difundidas están las instancias, específicamente en lo que se refiere al Tribunal Universitario? La realidad señala que muy poco aún.
Encuesta que destapó la violencia a alumnas
La investigación ‘Las estudiantes en contra de la violencia hacia las mujeres dentro de la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC’, realizada por Laura Nayely Delgadillo Oviedo y Laura Patricia Rodríguez Martínez, entonces alumnas del último semestre de la Carrera de Derecho, da cuenta de cómo ocurrieron los hechos.
“El 4 de marzo de 2019, en el marco de la Semana de la Mujer, dentro de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, un grupo de 15 mujeres estudiantes instalaron una urna con la frase ‘La denuncia es libre y secreta’, que contenía un formato de denuncia con los delitos de acoso sexual, violación, discriminación, entre otros. Dicha actividad se realizó con la finalidad de obtener datos cuantitativos, visibilizar la problemática de violencia de género e impulsar la concientización universitaria y social, así como la creación de un protocolo para atender casos de violencia”.
Se recibieron 36 denuncias. El 47 por ciento mencionó que sufrieron varias veces el acto denunciado, mientras que 36 por ciento —hasta la fecha de la denuncia— seguía siendo víctima de dicha conducta. Más de la mitad denunciaba hostigamiento sexual, enseguida se encontraba la violación a la privacidad, posteriormente el intento de violación y la violación sexual y, por último, el abuso sexual. El nivel jerárquico de la mayoría de los agresores se ubicó primero en compañeros de la misma universidad y estudiantes de la facultad y, enseguida, en profesores o catedráticos.
Por otro lado, se descubrió la existencia de un grupo de WhatsApp de estudiantes y docentes llamado Ubi Packs Ibi Societas, donde se compartían fotos íntimas de las estudiantes y material pornográfico. La exposición de los casos de violencia condujo a la interposición de cinco denuncias ante el Ministerio Público, lográndose con algunas, la baja definitiva de estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia.
“Sin embargo, las víctimas fueron sometidas a revictimización: burlas, criticas, señalamientos e, incluso, amenazas de represalias académicas o contra su integridad en los pasillos y las aulas”, las represalias llegaron a las formadoras del colectivo Red de Confianza, que surgió tras la visibilización de la problemática, refiere el estudio.
Las formas fueron medios electrónicos u otros modus operandi, principalmente para desacreditar y amenazar. Se midieron los niveles de riesgo de acuerdo con la naturaleza de los hechos, el ámbito en el que se desempeñaban y la reacción de los agresores; 14 casos tuvieron algún riesgo sobre su desarrollo laboral o académico -como reprobar materias, dejar de percibir algún salario, perder un curso u oportunidades de capacitación, ascensos o trámites en papelería y en 11 casos existía un riesgo a la integridad y seguridad personales.
En cuanto a los tipos de violencia, 21 casos fueron de tipo psicológica, en 12 casos fue sexual, en 2 violencia física, en un caso de tipo económico y en otro de carácter patrimonial, en cuanto al lugar en el que sucedieron, 19 fueron al interior de la Universidad y 13 al exterior.
También se denunciaba que, hasta esa fecha, ninguno se había resuelto o emitido sanción alguna, aunque tres se denunciaron ante el Ministerio Público, hubo una investigación ante la policía cibernética y 10 se presentaron ante el Comité Consultivo. “No tenemos certeza de cuántos casos puedan existir en la realidad, ya que estas cifras solo son de las víctimas que voluntariamente han acudido a recibir el apoyo del colectivo”.
Uno de los impactos más importantes de la Red de Confianza dentro de la comunidad universitaria, fue la creación del llamado ‘Protocolo de actuación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género al interior de la Universidad Autónoma de Coahuila’, cuyo objetivo es contar con instrumentos y procedimientos adecuados para atender de forma institucional, todo acto de violencia, discriminación, acoso y violación a la intimidad, en razón de género, que se presente al interior, incluyendo las plataformas de internet.
Sin embargo, precisamente entre los pendientes que señala el estudio en sus conclusiones están debilidades del Protocolo, ya que algunas disposiciones no son armónicas con su objetivo principal, puesto que establecen para la víctima las mismas sanciones que están estipuladas para los victimarios.
Creación de instancias de atención
El Protocolo a su vez dio lugar a la creación de instancias de atención. Desde 2020 el Tribunal Universitario para la Atención de los Casos de Violencia de Género, cuya titular, Nadia Libertad Salas Carrillo, explica que es una instancia encargada de recibir denuncias, llevar a cabo investigaciones y emitir resoluciones.
“Existen Tribunales Unitarios que se conforman de distinta estructura orgánica y sin embargo, la persona titular es quien emite las resoluciones evidentemente basadas en un procedimiento previamente establecido… (el de la UAdeC) es unitario exactamente”; aunque con estructura, auxiliares proyectistas que apoyan en llevar a cabo el proceso de investigación y se tienen definidas las conductas en el protocolo de actuación que dicta también el camino a seguir.
Primero adscrito a la Defensoría y hoy autónomo, se ocupa de casos en razón de género tanto en hombres, personas de la diversidad sexual, como en mujeres, aunque 8 de cada 10 son de este último género, “para resolverlos conforme a derecho, de manera objetiva e imparcial, con etapas probatorias”, lo que se cumple según la titular, con inmediatez de información hacia las partes.
En lo que va de 2024 (que lleva funcionando como especializado en género) se tienen 24 procedimientos abiertos y de 2020 a la fecha un total de 149; por causales como violencia psicológica, difusión de imágenes íntimas, acoso cibernético, difamación “aunque es una conducta que ya no se encuentra en el protocolo de actuación”, y actos de molestia también por razón de género e incluso contacto físico indebido aunque en mínima proporción; aquellos que no entran en este esquema, son resueltos por los Consejos Directivos de cada unidad escolar.
La labor se logra con la alianza con escuelas y unidades académicas mediante redes de prevención.
“El Tribunal Universitario es para toda persona que pertenece a la comunidad universitaria y tiene una matrícula, un número de expediente; ¿qué pasa si a quien yo quiero denunciar no está en la comunidad universitaria? como tal no podemos activar el protocolo porque este es un procedimiento interno, pero sí podemos brindar el acompañamiento psicológico y a instancias externas, si es mi vecino, mi ex novio, mi ex novia, alumn@ de tal o cual institución diversa a la Universidad Autónoma de Coahuila”.
Actualmente se tienen activos cinco acompañamientos desde 2020, que incluyen la canalización a otras instancias como la Procuraduría de las Niñas, Niños y la Familia y los Centros de Empoderamiento de la Mujer, respetando competencias, facultades y determinaciones, ya que se tienen casos de menores de edad, concretamente en preparatorias.
Parte del problema, acepta, es que “tenemos una cultura en la que hemos normalizado muchísimas situaciones que es difícil visibilizarlas, percibirlas”, a lo que se suma la brecha generacional y la ideológica, por religión o política por ejemplo; así, en 2024 se llevan ya 44 pláticas que imparten en escuelas sobre el protocolo y qué es la violencia de género, en donde se da énfasis en que la víctima tiene derecho a que se le dicten medidas cautelares de protección, como cambios de grupo y de horario, y suspensiones provisionales en lo que dura el procedimiento, las cuales se han dictado en 98 por ciento de los casos.
La sanción actual máxima es la baja definitiva y la inhabilitación para ocupar cargos de elección al interior de la universidad, aunque van desde la amonestación que queda en su expediente, una disculpa, o suspensión temporal; “del año 2020 para acá hemos tenido 21 bajas definitivas y 18 suspensiones, tanto de estudiantes como de docentes”; pero aún la persona puede acudir a una comisión ordinaria de género, la cual puede modificar, revocar o confirmar la resolución.
Hay una por cada coordinación conformada por miembros del Consejo Universitario “que es nuestra máxima autoridad”; en caso de inconformidad se puede acudir a instancias externas como la Comisión de Derechos Humanos, el juicio de amparo o la Junta de Conciliación, en la historia del tribunal se han tenido 7 juicios de amparo, de los cuales 6 se han fallado a favor de la universidad, de ahí la importancia de atender las garantías de ambas partes y la presunción de inocencia.
