Por Latinus
La Prensa
El gobierno federal emitió la declaratoria de expropiación por causa de utilidad pública de 88 bienes inmuebles de propiedad privada en Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán para el proyecto del Tren Maya
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria relativa a un total de 591 mil 122.094 metros cuadrados de predios ubicados en los municipios de Palenque, Chiapas; Emiliano Zapata, Tenosique y Balancán en Tabasco; también Escárcega y Calkiní, Campeche, y en Kanasín, Maxcanú, Tixpéhual, Bokobá y Umán, Yucatán.
La dependencia detalló que los predios serán destinados a las obras del Tren Maya, que tendrá un recorrido de mil 525 kilómetros y pasará por Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Mencionó que es un proyecto orientado a incrementar la derrama económica del turismo en la Península de Yucatán, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible y proteger el medio ambiente.
La declaratoria precisa que debe notificar personalmente a los titulares de los bienes y derechos.
Además, los interesados tendrán un plazo de 15 días hábiles a partir de la notificación o de la segunda publicación en el Diario Oficial de la Federación de la declaratoria, para manifestar ante la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, lo que a su derecho e interés convenga y presenten las pruebas que estimen pertinentes.
La construcción de la obra avanza entre tropiezos. En junio pasado, el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito con sede en Mérida, Yucatán, resolvió confirmar la suspensión definitiva que impide la ejecución física y material del Proyecto Tren Maya en el Tramo 7, otorgada a las comunidades indígenas de Xpujil, Calakmul, en Campeche, por no haber sido consultadas.
Dicha resolución derivó de los recursos de revisión interpuestos por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, que pretendían revocar la suspensión definitiva otorgada el 3 de marzo de 2020.
