El abogado Héctor Garza hace el exhorto a las autoridades estatales y federales, para lograr la reactivación de la siderúrgica agónica
Alberto Rojas Carrizales
LA PRENSA
El abogado particular Héctor Garza demandó que después de la quiebra de Altos Hornos de México, autoridades estatales y federales ayuden a promover la venta en México y el extranjero de sus instalaciones para futura reactivación, además se pronunció por una liquidación, transparencia y avalúo correcto donde se diga la verdad.
Se trata, reiteró, “que surjan postores, interesados en comprar la empresa, entonces las autoridades debieran promoverla llamando la atención de inversores dispuestos a comprarla luego de la quiebra, además que el proceso de liquidación sea transparente, aunque esa función será responsabilidad del síndico que sea designado para el remate de bienes”.
Sin embargo, de acuerdo a la abogada particular Rosario Rocha, en estos momentos no hay avalúos, inventarios, información administrativa de la empresa porque Altos Hornos de México no se la ha proporcionado al conciliador Víctor Aguilera, por lo que en consecuencia no se sabe cuánto vale la empresa-
Sobre el particular, Héctor Garza puntualizó que el avalúo debe ser correcto sin datos exagerados, pero tampoco mínimos, sino realista, y de acuerdo a la verdad, de la venta de activos saldrá el dinero para liquidar a acreedores y trabajadores de la factoría. Se prevé que después del 4 de agosto, en cualquier momento, la jueza del Concurso Mercantil sentenciará la quiebra de Altos Hornos de México, ordenando la liquidación de la misma.
Por otro lado, el abogado laboralista, señaló que los adeudos de pensión alimenticia están en primer lugar en la lista de acreedores, después los trabajadores, luego créditos fiscales, “en fin una lista enorme y al último los acreedores comunes, manifestó que ciertamente hay riesgo que el dinero reunido por la venta de activos no alcance para pagar a todos.
Añadió, Daniel González, que, si en la primera subasta no hay postores, entonces se convoca para una segunda almoneda, pero con una reducción de 20 por cierto del precio base ofertada a los interesados, pero que, si finalmente nadie se interesa, entonces los bienes pasan a los acreedores para que se hagan cargo.
