CIDH admite solicitud de la Jufed para revisar la reforma judicial de López Obrador
La Jufed presentó la solicitud al considerar que se violentan los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial, se pone en riesgo el acceso a la justicia de los mexicanos y se vulnera la carrera judicial
Por La Prensa
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio entrada a la petición de activar el artículo 41 de dicho ente, mecanismo que consiste en que el Estado presente —de manera confidencial— el proyecto de ley, política pública o cualquier acto que podría afectar regresivamente los derechos humanos, y este deberá ser mitigado o adecuado a estándares interamericanos.
La CIDH activó el mecanismo para analizar la queja sobre las violaciones de derechos humanos por la reforma al Poder Judicial, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Hacemos del conocimiento general que por medio de la Asociación de Jueces y Magistrados Federales (Jufed), se presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la solicitud para activar el procedimiento del artículo 41 de la Convención Americana de Derechos Humanos”.
Así lo informó la Jufed, que presentó la solicitud al considerar que se violentan los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial, se pone en riesgo el acceso a la justicia de los mexicanos y se vulnera la carrera judicial.
«Solicitamos a esa honorable comisión requerir al Estado mexicano que tome todas las medidas necesarias para que la CIDH pueda contar con toda la información necesaria, en particular sobre de las medidas adoptadas por el Estado para asegurar que cualquier tipo de reforma constitucional o legal afecte al Poder Judicial y sus funcionarios”.
Entre las medidas que contiene el mecanismo, se contempla que se pida al gobierno mexicano “que informe sobre cómo instrumentará los derechos de acceso a la justicia y la calidad de la justicia de las personas justiciables y de la sociedad en general”, y que indiquen si es que la inminente destitución generalizada de funcionarios judiciales y operadores atenta contra los derechos humanos de los trabajadores.
