Representantes del Poder Judicial designan representantes para solucionar el paro en tribunales federales e instancias del Poder Judicial de la Federación
Por: Abel Barajas
La Prensa
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) designó a una juez y seis magistrados como integrantes de un Comité de Diálogo con el Congreso de la Unión para tratar de llegar a acuerdos sobre la reforma judicial.
Este Comité de Diálogo fue previsto en la declaratoria de suspensión de actividades, iniciada el miércoles, para establecer un puente con los grupos parlamentarios y tomar decisiones vinculantes “en beneficio de los integrantes del Poder Judicial de la Federación y en la defensa de la Independencia Judicial”.
Los designados son la juez federal Juana Fuentes Velázquez, directora nacional de la JUFED, y Hortencia María Emilia Molina de la Puente, magistrada del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil de esta capital y presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, A. C.
Además, Rosa Elena González Tirado, magistrada del Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, en la CDMX, y presidenta del Capítulo México de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ).
También Iliana Fabricia Contreras Perales, magistrada del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil en la CDMX y directora de Organización en JUFED; y Hugo Alejandro Bermúdez Manrique, magistrado del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de Saltillo, y Coordinador del Comité Ejecutivo de Independencia Judicial de JUFED.
Igualmente, Miguel Bonilla López, magistrado del Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, en la CDMX, y miembro del Comité Académico de la Escuela Federal de Formación Judicial; y Tarsicio Aguilera Troncoso, magistrado del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo en esta ciudad y Director Nacional Jurídico de JUFED.
Conforme a la declaratoria, este comité deberá buscar una mesa de diálogo con los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión, “con facultades amplias para celebrar los acuerdos lícitos que sean necesarios y para ejecutarlos o proveer su ejecución”.
