Una jueza de Morelos y otro de Chiapas emitieron resoluciones en contra de la aprobación de la reforma judicial, prevista por Morena y aliados para los próximos días
Latinus. Una jueza del estado de Morelos y un juez del estado de Chiapas otorgaron ayer suspensiones provisionales en contra del dictamen de la reforma al Poder Judicial con el objetivo de que no se discuta ni se pueda votar por parte de la próxima legislatura a inicio de septiembre, como lo tenían previsto Morena y partidos aliados.
Ambos dictámenes, fueron impulsado por una solicitud de amparo respecto a la vulnerabilidad de los trabajadores con la eliminación de la carrera judicial.
En el documento de 47 páginas, la jueza Martha Eugenia Magaña López explicó que los servidores públicos al no tener estabilidad laboral, cuando fueran sujetos a un procedimiento de responsabilidad que pudiera dar fin a su empleo, estaban legitimados para promover un juicio de amparo desde el inicio del procedimiento
La juzgadora detalló que «de concretarse los efectos del acto reclamado haría materialmente imposible reparar a los quejosos del daño ocasionado», por lo que con la suspensión se busca proteger la permanencia en el empleo de los jueces, magistrados y trabajadores de confianza que se verían afectados por la aprobación de la reforma Constitucional.
Además, permitir la continuación del proceso legislativo sin una revisión judicial podría dejar a los quejosos en una situación indefensa, porque de concretarse las modificaciones a la Carta Magna miles de trabajadores del Poder Judicial serían despedidos sin derecho a audiencia, ni a una compensación, lo que vulneraría sus derechos.
«Si a los quejosos se les pretende cesar de sus cargos de Jueces federales sin derecho de audiencia y sin derecho a indemnización alguna, bastando para ello reformar el texto de la Constitución, es claro que la suspensión debe otorgarse para efecto de que el acto que reclaman no se formalice en la norma suprema, pues de hacerse seria inatacable», aseguró la jueza de Morelos.
El dictamen indicó que para que se verifique el cumplimiento de la suspensión las autoridades responsables deberán de presentar un informe detalle en un plazo de 48 horas sobre cómo la están cumpliendo y de no hacerlo, podrían enfrentar una sanción por abuso de autoridad.
Además, el juez tercero de distrito de amparo y juicios federales en el Estado de Chiapas, Felipe V Consuelo Soto solicitó que, en caso de aprobarse en el Congreso de la Unión, no sea enviado a las Legislaturas locales para su publicación hasta que se resuelva la suspensión provisional.
