Por Rubén Mosso
Milenio
MÉXICO.- La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, hizo un llamado a los legisladores a abrir el diálogo, pues dijo que la demolición del Poder Judicial no es la vía como se pretende, por lo que puso a disposición de los legisladores y de todos los sectores, su propuesta de reforma a dicho poder.
A través de un mensaje grabado, dijo que todavía es posible cambiar las cosas, por lo que se deben escuchar entre los poderes y escuchar a las víctimas de violencia.
¿Qué pasa con la seguridad en el país?
Asimismo, puso a consideración un diagnóstico sobre seguridad y justicia elaborado con apoyo de diversos sectores para llevar a cabo la reforma.
También pidió escuchar a los organismos de justicia internacional, a los estudiantes y a los jóvenes que han salido a las calles para reclamar su derecho a un futuro libre y a un país en paz.
“La demolición del Poder Judicial no es la vía como se pretende. Si tenemos el valor y la voluntad real, hoy mismo, podríamos dar pasos firmes para hacer los cambios profundos y necesarios para construir la paz, la justicia y la reparación que México tanto necesita”, expresó.
¿Qué dijo Norma Piña?
La ministra señaló que la historia de México no se puede definir de la “narrativa fácil” de que todos los problemas de seguridad y justicia en el país son culpa de los jueces.
“Quienes así lo crean no conocen México”
“Desde el Poder Judicial Federal les decimos honestamente que nuestra resistencia no está en función de nuestro presente. Nuestra convicción y compromiso va más allá de nosotros, es con las generaciones que vienen y fundamentalmente con el país que todos anhelamos”. Añadió.
Acompañada de ministros y consejeros de la Judicatura Federal, Piña Hernández puso a disposición de los legisladores y de todos los sectores, su propuesta de reforma a dicho poder.
“Esta propuesta parte de un ejercicio amplio de escucha y diálogo con todos los actores de los sistemas de seguridad y justicia federal y locales, así como con legisladores, organizaciones de la sociedad civil, academia estudiantes y víctimas de violencia”.
El documento, mencionó, es el resultado de un amplio diagnóstico que integra las necesidades reales tanto de quienes tienen a su cargo funciones de seguridad y justicia como de quienes interactúan con ellos.
“También se hace público en este momento, una propuesta que surge desde la judicatura en un proceso reflexivo y autocrítico de las juezas y jueces federales magistradas y magistrados federales, así como personal de los órganos jurisdiccionales y 11 sistemas de justicia locales, cuyo objetivo es aportar a la discusión sobre la reforma judicial desde la experiencia directa de quienes imparten justicia ambos documentos coinciden”, puntualizó.
Los documentos, abundó, contemplan recomendaciones y decisiones que se han dirigido al Estado mexicano desde los organismos internacionales e interamericanos de derechos humanos.
También, se retoman muchas de las preocupaciones de organizaciones de la sociedad civil.
