“Texas está listo para recibir dólares de inversión que puedan estar buscando un nuevo hogar como resultado de la incertidumbre que rodea la reforma judicial radical de México”, señaló la TPPF
Por Latinus
La Prensa
La Fundación de Políticas Públicas de Texas (TPPF, por sus siglas en inglés) aseguró este miércoles que esta entidad de la Unión Americana está preparado para recibir inversión debido a la incertidumbre que ha provocado la “radical reforma judicial” en México, que fue aprobada en el Senado.
En un comunicado, la fundación señaló que Texas ofrece “un entorno estable y favorable a los negocios para los inversionistas globales que no cambian drásticamente los poderes”.
en el primer estado en rechazar la reforma judicial
“Texas está listo para recibir dólares de inversión que puedan estar buscando un nuevo hogar como resultado de la incertidumbre que rodea la reforma judicial radical de México”, señaló en un mensaje difundido en X (antes Twitter).
Además, resaltó que ese estado respeta a las empresas.
Este martes, con 86 votos a favor, de Morena, PT, y PVEM además el del panista Miguel Ángel Yunes Márquez, y 41 en contra de los partidos de oposición, se aprobó en el Senado la minuta en lo general de la reforma al Poder Judicial.
Para lograr la aprobación Morena y sus aliados necesitaban alcanzar la mayoría calificada, 86 legisladores, antes de la discusión contaban con 85 senadores, pero en medio de protestas y de cambiar de sede, aprobaron la reforma con el voto de Miguel Ángel Yunes Márquez, del PAN, a pesar de haber expresado su rechazo en días pasados.
También se ausentó el senador de Movimiento Ciudadano Daniel Barreda, quien explicó que su padre fue llevado a una comparecencia judicial en Campeche y lo estuvo acompañando.
Diferentes organizaciones internacionales han advertido sobre los riesgos en las inversiones que puede provocar la reforma y la elección de juzgadores por voto popular.
La semana pasada, la International Chamber of Commerce (ICC) señaló que “en los términos en que está redactada (la reforma), podría poner en riesgo la independencia e imparcialidad de los tribunales judiciales mexicanos, lo que tendría graves consecuencias para la inversión nacional y extranjera”.
