Por Reforma
La Prensa
El Senado de la República declaró la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial, después de que esta fuera aprobada en 24 de 17 congresos locales que eran necesarios.
Solo con legisladores de Morena y aliados, en cuyos escaños pusieron carteles con la leyenda de «El pueblo manda», se emitió el pronunciamiento legislativo.
«Hoy es un día histórico, se ha hecho la reforma al Poder Judicial», dijo el senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta, previo a consumar el procedimiento ante un Pleno con ausencia de legisladores de la Oposición.
Enseguida pidió a sus compañeros y al público asistente que se pusieran de pie para dar lectura a la declaratoria de constitucionalidad que fue celebrada entre gritos y aplausos.
Los congresos locales que respaldaron la modificación fueron los de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México.
El Congreso de Jalisco fue el único de los que rechazó hasta este viernes la reforma judicial, según la votación recibida en el Senado.
«La presidencia seguirá atenta para recibir la resoluciones que emitan otras legislaturas de los estados sobre este asunto, mismas que se integrarán al expediente», informó Fernández Noroña.
La declaratoria se remitió a San Lázaro para que se realice el mismo procedimiento y después se turne al Ejecutivo, que se encargará de publicar las modificaciones en el Diario Oficial de la Federación.
Ifigenia Martínez, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, citó a sesión ordinaria para las 18:30 horas de hoy y que legisladores de la Cámara baja también declaren la constitucionalidad de la reforma.
Las sesiones de este viernes marcaron un paso decisivo en el proceso legislativo que ha generado controversia y división entre las diferentes fuerzas políticas del País.
A pesar de la ausencia anunciada de varios grupos parlamentarios opositores, Morena y sus aliados validaron la modificacion al sistema judicial.
Esta validación se produce en un contexto de tensión política, luego de que ayer por la mañana se completara la aprobación en los congresos estatales necesarios.
La situación se desarrolla tras semanas de protestas y bloqueos por parte de trabajadores del Poder Judicial, quienes finalmente levantaron su manifestación en los accesos del recinto de San Lázaro y de la Cámara alta durante la madrugada de ayer bajo argumento de que temían a la «represión».
Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, dijo que ha estado en diálogo con otras bancadas para coordinar una sesión en la Cámara de Diputados la tarde de este viernes.
Sin embargo, la Oposición ha tomado una postura firme en contra.
Los coordinadores parlamentarios del PRI, Rubén Moreira y Manuel Añorve, anunciaron que no asistirán, argumentando constantes violaciones al proceso legislativo.
En un comunicado conjunto, expresaron su reprobación a las «evidentes violaciones» al proceso legislativo durante su discusión, así como la ausencia de debate en los Congresos Locales.
El PAN se sumó a esta postura, con su coordinadora en San Lázaro, Noemí Luna, declarando que no participarán en lo que consideran una «fiesta de Morena».
La diputada criticó todo el procedimiento, señalando la falta de consulta a los municipios.
Movimiento Ciudadano también decidió no asistir a las sesiones en ambas cámaras.
Clemente Castañeda, líder del partido naranja en el Senado, calificó el evento como «la fiesta del régimen» y «el consumo del atraco a la nación».
La Oposición ha adelantado que planea tomar acciones legales.
Tanto el PRI como MC han anunciado que acudirán a instancias nacionales e internacionales para impugnar y denunciar lo que consideran inconsistencias en el proceso legislativo.
La reforma judicial, que contempla cambios significativos como la elección de jueces, magistrados y ministros mediante voto popular, ha sido objeto de intenso debate y crítica.
Sus opositores argumentan que se trata de un intento de «capturar políticamente al Poder Judicial», mientras que sus defensores la presentan como una transformación necesaria del sistema judicial «plagado» de corrupción.
