Por Reforma
En lo que va de la actual legislatura, Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados ha concretado siete de las 18 reformas constitucionales enviadas por el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero pasado.
La 66 Legislatura inició la discusión de estas modificaciones constitucionales el 3 de septiembre pasado, con la aprobación de la reforma judicial que establece la elección directa de jueces, magistrados y ministros, la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal y la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial y un organismo de administración judicial en su lugar.
La aprobación de esta reforma se llevó a cabo en una sede alterna, después de que trabajadores del Poder Judicial bloquearon los accesos de la Cámara de Diputados, lo que obligó a la mayoría a trasladar la sesión a la Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca, en un proceso que estuvo marcado por irregularidades que hoy son objeto de impugnación por parte de juzgadores y la oposición ante tribunales.
La segunda reforma avalada en San Lázaro, de las propuesta por López Obrador, es la que modifica el artículo 2 de la Constitución, para reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propios.
Un día después, el 19 de septiembre, fueron avaladas las modificaciones constitucionales que trasladan la Guardia Nacional a la Sedena, y establecen que su personal será de origen militar, pero con formación policial, además de que le otorga la facultad de investigar delitos bajo la conducción del Ministerio Público.
A diferencia de las modificaciones en materia de derechos indígenas que fue avalada por unanimidad, la de la Guardia Nacional se aprobó con el voto en contra de la oposición.
Otras dos reformas del llamado «Plan C» aprobadas son las que establecen que el salario mínimo nunca podrá estar por debajo de la inflación y la que eleva a rango constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
El pasado 9 de octubre, el pleno avaló también dos reformas constitucionales: la que le regresa a Pemex y a la CFE el estatus de «empresas públicas del Estado» –en lugar de «empresas productivas»– y establece el predominio de la Comisión Federal de Electricidad en materia de generación.
Además, la que declara los ferrocarriles como área prioritaria para el desarrollo nacional y ratifica el derecho del Estado de utilizar vías férreas para prestar el servicio de transporte de pasajeros.
Hasta ahora, el Congreso ha realizado la declaratoria de constitucionalidad de las reformas en materia judicial, de derechos de pueblos indígenas y Guardia Nacional.
Se prevé que la próxima semana, la mayoría en San Lázaro avale otras dos de las 18 iniciativas constitucionales propuestas por López Obrador, en materia de vivienda y para elevar a rango constitucional programas impulsados por el Gobierno federal.
