Por Latinus
La Prensa
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) pidió una mayor discusión y análisis a la reforma judicial por parte del Poder Legislativo y que este promueva la participación de todas las personas que se podrían ver afectadas por las modificaciones constitucionales, tales como los trabajadores del Poder Judicial.
La Iglesia católica advirtió este miércoles que una falta de diálogo por parte del oficialismo respecto a las disposiciones judiciales «puede generar consecuencias graves para la convivencia social y el orden institucional, comprometiendo la confianza en nuestro país y amenazando la estabilidad del Estado de derecho».
En ese sentido, los obispos en el país enfatizaron que el Estado de derecho es «una exigencia ética» que emana de la dignidad humana y recordaron que la doctrina social de la iglesia enseña que «el poder tiene límites morales y legales», así como que la «autoridad debe ejercerse como servicio al bien común».
«Como pastores del Pueblo de Dios y ciudadanos comprometidos con el bien común, manifestamos a la ciudadanía entera, a la opinión pública y a los tres Poderes de la Unión, nuestra más profunda preocupación ante la gravedad de los recientes hechos que acentúan una polarización sin precedentes en torno al marco legal y a la armonía entre los distintos poderes del país», detalló el CEM en un comunicado de prensa.
Asimismo, el Episcopado pidió a los legisladores del oficialismo tomar en cuenta a todas las fuerzas políticas del pleno, así como escuchar a los especialistas en derecho constitucional y a las voces de la sociedad civil.
También exhortaron a los actores políticos y sociales afines a la doctrina social de la iglesia a recuperar el diálogo constructivo, fortalecer las instituciones democráticas, anteponer el bien común a los intereses particulares, respetar el orden constitucional y a proteger la dignidad de todas las personas.
Las declaraciones del CEM se dan en medio de una batalla por parte de trabajadores del Poder Judicial para frenar la reforma judicial y la negativa del Gobierno de México por suspender las elecciones de jueces y magistrados programada para junio de 2025, a pesar de que diversos juicios de amparo lo ordenan.
