Por Reforma
La Prensa
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha retomado sus actividades para organizar la inédita elección de jueces, magistrados y ministros prevista para junio de 2025. Este proyecto, que demanda recursos significativos y enfrenta opiniones divergentes entre sus propios integrantes, avanza mientras el instituto se prepara para presentar a la Cámara de Diputados una solicitud de presupuesto que permita financiar adecuadamente el proceso. El INE proyecta un costo similar al de un proceso electoral federal, con un presupuesto estimado en al menos 13 mil millones de pesos adicionales para esta elección extraordinaria del Poder Judicial.
Este ejercicio se suma a los 15 mil millones de pesos de presupuesto base que el INE requiere para 2025, lo que incluye tanto el financiamiento de su gasto ordinario como el presupuesto de proyectos institucionales. Además, en esta misma solicitud deberá incluirse el presupuesto de 7 mil 354 millones de pesos para los partidos políticos, a quienes corresponde el financiamiento público para el siguiente año. Aunque los partidos no participarán directamente en esta elección del Poder Judicial, la ley les otorga esta prerrogativa para su funcionamiento habitual, con o sin comicios. La partida financiera es compleja y se ha vuelto un desafío urgente en el calendario del INE, dado que en las próximas semanas se deberá entregar el anteproyecto de presupuesto a la Secretaría de Hacienda para su integración en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
La organización de esta elección judicial surge en medio de un contexto controversial. Desde la aprobación de la reforma judicial, el INE ha enfrentado desafíos legales y burocráticos. Más de cien suspensiones judiciales frenaron temporalmente los trabajos de organización del proceso extraordinario; sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictaminó la «inviabilidad constitucional» de suspender la elección, otorgando al INE luz verde para continuar. Esta determinación judicial fue respaldada por los magistrados Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y la presidenta Mónica Soto, y con ella se reactivaron las actividades del instituto.
Internamente, el INE ha mostrado divisiones profundas en torno a la organización de este proceso electoral extraordinario. La decisión de solicitar una acción declarativa al Tribunal Electoral, realizada por la Secretaría Ejecutiva del INE, evidenció la fractura existente entre los consejeros. A esta solicitud se suman las críticas de algunos consejeros hacia la Comisión Temporal de Seguimiento del Proceso Electoral del Poder Judicial, presidida por Jorge Montaño, y formada por Rita Bell López y Norma Irene de la Cruz, todas figuras cercanas a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei. Estos nombramientos de aliados, hechos por Taddei sin consenso unánime, han despertado descontento entre consejeros críticos de la reforma judicial, quienes cuestionan las atribuciones extraordinarias que la reforma otorga a la presidenta del INE.
Las divisiones afloraron aún más tras el comunicado emitido por el INE, en el que se anunció la reanudación de las actividades. La consejera Dania Ravel, crítica de la decisión, declaró que el comunicado oficial no refleja su postura respecto a la resolución del Tribunal Electoral. Además, la consejera Ravel y el consejero Martín Faz señalaron que la reforma judicial se ha utilizado para consolidar facultades en la figura de Taddei, permitiéndole designar directamente titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas, nombramientos que anteriormente requerían el respaldo de una mayoría calificada de ocho votos en el Consejo General.
La primera elección judicial organizada por el INE plantea retos en términos de financiamiento, supervisión y unidad institucional. En un contexto de reformas que otorgan mayores poderes a la presidencia del instituto y que dividen opiniones en su interior, el INE debe responder tanto a sus responsabilidades financieras como a la presión por consolidar un proceso transparente y equitativo. La elección de junio de 2025 se presenta como un desafío organizativo y administrativo inédito para el INE, y con ella se perfila un examen a las reformas judiciales recientes, así como a la cohesión y capacidad de adaptación de una institución clave en el sistema democrático del país.
