Por Excélsior
La Prensa
El presidente electo, Donald Trump, planea lanzar históricas deportaciones masivas desde el primer día de su nueva administración, el 20 de enero próximo, como parte de una transformación profunda del sistema de migración estadunidense, que por primera vez en la historia incluiría el uso de tropas militares para detener y expulsar extranjeros.
Trump calculó que su plan de deportación sacará del país “entre 15 y 20 millones” de personas, una cifra que rebasa los cálculos oficiales y extraoficiales de entre 10.5 y 11 millones de migrantes, de acuerdo con el Centro Nacional de Análisis Pew.
El mandatario planea “convocar poderes de guerra” del Ejecutivo, una ley de hace tres siglos, que le autorizaría a emplear tropas contra migrantes.
Al convocar esos poderes, Trump rebasaría el único obstáculo que impide a las fuerzas armadas involucrarse en asuntos de civiles, la ley llamada Acta Posse Comitatus, que data de 1978.
Cuando hace un mes se le preguntó al entonces candidato presidencial si la norma no sería un freno para su plan, respondió que esa ley se refiere a que los militares se abstengan de involucrarse en asuntos de civiles y, para él, los migrantes “no son civiles”.
El presidente electo parte de ideas de que todos los migrantes que llegan en busca de asilo son indeseables en sus países, y de que la comunidad internacional usa a Estados Unidos “como un cesto de basura”.
La campaña de Trump difundió mensajes que identifican a quienes buscan asilo no como inocentes que huyen para salvar sus vidas, sino como presuntos fugitivos porque han sido delincuentes en sus países de origen, y ahora quieren acogerse al asilo en Estados Unidos.
Es más probable que el mandatario base su liderazgo en torno al plan de restructuración migratoria que en imponer aranceles con la política de “primero Estados Unidos”, pues en el comercio su proyecto podría tener impacto en la economía interna.
Trump planea basarse en los estados con gobiernos republicanos, como Texas, para aglutinar instituciones del orden y de servicios que operen como asistentes de migración, incluidos departamentos de policía y del sheriff, oficiales estatales, guardias nacionales que son militares bajo órdenes de los gobernadores y en casos que amerite, fuerzas armadas regulares.
Para los gobiernos estatales que se opongan a su plan, demócratas, especialmente los que financian asistencia legal a migrantes, el presidente electo planea retener algunos fondos federales y, si es necesario, demandar a esos gobiernos.
El mandatario entrante entrelaza los fenómenos de la migración con el narcotráfico y el tráfico de blancas.
