Rubén Moreira Valdez
En medio de la mayor crisis de seguridad que ha vivido el país, con una emergencia en materia de migración, un futuro incierto en la relación con los vecinos del norte y graves dificultades financieras; el régimen continúa con el proyecto que desmantela las instituciones que garantizan las libertades.
En tiempo récord el gobierno y su partido tiraron el sistema de justicia y entregaron la seguridad al Ejército. Todo en contradicción con el discurso histórico de la izquierda mexicana de protección a los derechos humanos y rechazo a la militarización.
Además, en el horizonte se asoman nuevas amenazas. El régimen, para cuando se publique la columna, habrá votado la ampliación del catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa. En contra de lo que dicen los organismos internacionales, la mayoría de morena nos acerca a un Estado represivo y contrario a la presunción de inocencia. Pero eso no es todo, la próxima semana terminarán con la existencia de siete organismos autónomos.
Por la irremediable picota de la venganza pasarán: 1.- Instituto Nacional de Trasparencia, Acceso a la Información y Protección de datos Personales (INAI), 2.- Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), 3.- Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), 4.- Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), 5.- Comisión Reguladora de Energía (CRE), 6.- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 7.- Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU).
Tres características tienen las instituciones que se pretende destruir: primera, todas fueron producto de un reclamo social, segunda, significaban el triunfo de la técnica sobre las resoluciones políticas o con intereses no legítimos, y tercera, son un límite al poder presidencial. Nada de lo anterior valdrá para evitar el error histórico que va a cometer el partido oficial.
Me detengo en dos de las instituciones: INAI e IFT; en el primero se garantiza la transparencia y la protección de datos personales, en el segundo se regula a las industrias de telecomunicaciones y radiodifusión. Eliminarlas, contrario a lo que dice el discurso oficial, afecta sobre todo a los pobres, ejemplos hay muchos, dejo los siguientes: buena parte de los usuarios del órgano garante de la trasparencia, son personas humildes que preguntan sobre sus pensiones, derechos de salud o fondos de retiro; en el caso de IFT, los usuarios se quedarán sin defensa frente a las telefónicas y proveedoras de internet, que a menudo tratan de hacer cargos injustos.
A diferencia de otros tiempos, son pocas las voces de actores sociales y empresariales que reclamen lo que se avecina. Me extraña tal situación y me preocupa que sea por amenazas o temor. Pero, en el caso de los potentados económicos, me alarma que el silencio sea producto de arreglos o conveniencias.
Tengo en mis manos “El Orden del Día”, de Éric Vuillard, que narra la triste historia de la oligarquía alemana y su relación con el poder en los años treinta del siglo pasado.
