Por Javier Aparicio
Las inéditas escenas vistas este 6 de enero en Washington muestran de cuerpo completo cuánto daño puede hacer un demagogo con inclinaciones autoritarias estando en el poder
El 3 de noviembre pasado, Joe Biden derrotó a Donald Trump en las elecciones presidenciales con una ventaja de más de siete millones de votos a nivel nacional, equivalentes a 51.4% contra 46.9 por ciento. En el Colegio Electoral, Biden recibió 306 votos frente a 232 del presidente saliente. Aunque el resultado final tomó más de 24 horas en confirmarse, no puede decirse que fue una elección reñida.
Un puñado de jefes de Estado del mundo democrático, y otro tanto de representantes republicanos, tomaron varios días en reconocer este resultado por diferentes cálculos políticos. A la fecha, el mismo Trump no ha sido capaz de reconocer su derrota. Lo que parecía un pataleo más de un mal perdedor (algo inusual en Estados Unidos, pero no tanto en el resto del mundo), poco a poco ha ido escalando hasta una crisis constitucional que algunos califican como un intento fallido de golpe de Estado.
Muy pocos dudan que el resultado final de esta crisis es ineludible: el 20 de enero próximo, Joe Biden asumirá la presidencia. Lo que ha estado en duda de noviembre a la fecha es hasta dónde será capaz de escalar el conflicto el candidato perdedor, a la sazón presidente de un país tan poderoso como Estados Unidos.
A lo largo de noviembre se decantaron decenas de impugnaciones y recuentos en diferentes condados y estados, sin que ninguno afectara de manera determinante el resultado de alguna entidad. En diciembre pasado, los delegados del Colegio Electoral emitieron sus votos, mismos que fueron enviados al Congreso norteamericano.
El 3 de enero, el nuevo Congreso rindió protesta. El 5 de enero hubo elecciones extraordinarias en Georgia para definir dos asientos del Senado y, con ello, definir si Biden tendría gobierno unificado o no: ganaron los demócratas. Este 6 de enero, la nueva Legislatura tenía que hacer un trámite de rutina: hacer el cómputo de los votos del colegio electoral, verificar si alguno consiguió más de 270 votos y certificar al ganador.
Ese mismo día, se organizó una manifestación de simpatizantes de Trump. El mismo presidente participó en la manifestación y repitió su reclamo infundado de que hubo un gran fraude que le robó la elección. Unos minutos más tarde, los manifestantes lograron ingresar al Capitolio. Hubo destrozos y disparos al interior y una persona resultó herida de muerte. El Congreso interrumpió su sesión por varias horas y la alcaldesa de Washington DC declaró toque de queda. A las ocho de la noche, el Congreso reanudó su sesión y legisladores de ambos partidos reprobaron los hechos.
Las inéditas escenas vistas este 6 de enero en Washington muestran de cuerpo completo cuánto daño puede hacer un demagogo con inclinaciones autoritarias estando en el poder: no sólo llegar a romper el orden constitucional —así sea de manera breve, fallida o fársica—, sino lastimar los consensos y acuerdos mínimos de una democracia en diferentes niveles.
Pasarán dos largas semanas en lo que Joe Biden asume la presidencia que ganó con creces, pero las consecuencias de esta sucesión tomarán mucho tiempo más. Luce difícil que las manifestaciones violentas amplíen la base electoral del trumpismo o fortalezcan al partido republicano, pero eso no implica que la violencia y el radicalismo se detengan pronto. Una vez que Trump deje el poder, ¿desaparecerá el trumpismo? ¿la polarización?
Trump le pidió tanto al vicepresidente Pence como a su bancada legislativa que desconocieran los resultados de las urnas y el Colegio Electoral. Por fortuna ni uno ni otro hicieron caso de una petición flagrantemente inconstitucional.
El vicepresidente Pence reconoció, sin ambages: “Mi juramento con la Constitución me impide decidir unilateralmente cuáles votos deben contar y cuáles no”. Por su parte, el senador Mitch McConnell, líder de la bancada republicana, mayoritaria hasta hace dos días, argumentó: “Estamos debatiendo algo nunca visto en la historia del país: si el Congreso debe anular la voluntad de los votantes, de los estados y de las cortes, o si debe respetarla. (…) El gobierno democrático requiere un compromiso con la verdad y un respeto mutuo a las reglas del juego. (…) Podemos tomar el camino venenoso en el que sólo los ganadores de una elección reconocen los resultados, o podemos tener el valor que nuestros antepasados mostraron no sólo en la victoria, sino en la derrota”. Las instituciones importan tanto como el compromiso democrático con ellas: ni unas ni otras son inmarcesibles.
