Continúa la manifestación de los elementos de seguridad de Múzquiz, exigiendo el pago de prestaciones y salarios adeudados
Karla Cortez
LA PRENSA
MÚZQUIZ, COAHUILA.- La ex secretaria del ayuntamiento de Múzquiz, Mónica Escalera, hizo un llamado urgente al Gobernador del Estado, Manolo Jiménez, para que tome cartas en el asunto y actúe en contra de la alcaldesa Tania Vanessa Flores Guerra, quien ha negado el pago de las prestaciones a los elementos de Seguridad Pública, a pesar de que el recurso correspondiente ya fue enviado por parte del Gobierno del Estado. Los efectivos policiales mantienen un plantón en el exterior de la presidencia municipal como protesta por la falta de pago.
“Gobernador, le pedimos que ya actúe en contra de la alcaldesa ratera que tenemos en Múzquiz, ustedes tienen la forma de hacerla pagar. Ahí están comprobados los actos de corrupción y sabemos que ustedes mandaron el dinero para que les paguen a todos los empleados. Ella se sigue burlando de los ciudadanos, violentando derechos constitucionales y políticos”, expresó la ex funcionaria en sus redes sociales.
Escalera denunció que la alcaldesa está vendiendo la idea de que sus acciones están “arregladas” con el Estado, algo que, según ella, los ciudadanos saben que no es cierto. Por ello, solicitó que se ponga un alto a esta situación que está afectando gravemente a los habitantes del municipio.
Hasta el cierre de esta nota, los elementos de Seguridad Pública seguían con el plantón, a la espera de una respuesta por parte de la alcaldesa. Ayer se cumplieron 24 horas de la manifestación que comenzó por la falta de pago de las prestaciones de ley y la nómina correspondiente. A pesar de que el Gobierno del Estado destinó los recursos para cumplir con los pagos a la base trabajadora, los 46 efectivos policiacos aún no han recibido su dinero.
En esta misma línea, el secretario del ayuntamiento, Víctor Manuel Hernández Obregón, había informado que los recursos ya fueron enviados por el Gobierno del Estado, pero hasta el momento los efectivos policiacos siguen sin recibir lo que por derecho les corresponde. La situación sigue afectando tanto a los policías como a sus familias, quienes esperan una intervención estatal para resolver el problema.
