Exigen contrapesos ante la autosupervisión del instituto debido a la falta de control y vigilancia gubernamental en el manejo de fondos
Alonso Crisante
LA PRENSA
SALTILLO, COAHUILA.- Las reformas planteadas para el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) han generado controversia, especialmente entre la iniciativa privada, que ha expresado serias reservas sobre la supervisión del organismo. La propuesta sugiere un cambio significativo en la estructura de control del Infonavit, pasando de un modelo tripartito, con la participación de trabajadores, empleadores y el gobierno, a un sistema gestionado por mayoría gubernamental y un esquema de autorregulación.
El representante de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Coahuila, Eduardo Garza, fue uno de los principales críticos de las reformas. En su intervención, Garza señaló que la iniciativa pone en riesgo la transparencia y el control del Infonavit, argumentando que se está perdiendo el equilibrio de pesos y contrapesos que existía cuando los tres sectores —obreros, empleadores y gobierno— participaban de manera equitativa en la toma de decisiones. “Antes lo manejaban las centrales obreras, los obreros y el gobierno; ahora quieren que lo manejen ellos solos para hacer lo que les dé la gana. Es muy claro que se están perdiendo los pesos y contrapesos, y ahora, pues, tenemos una dictadura”, comentó Garza.
Uno de los aspectos más controvertidos de las reformas es la propuesta de otorgar al gobierno la facultad de decidir de manera discrecional el uso de los recursos pagados por los trabajadores al Infonavit. Esto incluye el dinero de cuentas y subcuentas, lo que, según los críticos, podría abrir la puerta a un mal manejo de los fondos. Garza añadió que este cambio representa una amenaza para los trabajadores, sugiriendo que las reformas buscan, en última instancia, despojar a los trabajadores de sus recursos. «Eso es lo que quieren: robarse el dinero del Infonavit», dijo, refiriéndose a la posibilidad de que los fondos sean utilizados de manera inadecuada.
Además de la controversia sobre el manejo de los recursos, las reformas incluyen propuestas como la posibilidad de rentar viviendas a través del Infonavit, con la opción de compra después de 10 años, y la construcción de un millón de viviendas de bajo costo. Sin embargo, Garza cuestionó la viabilidad de estas propuestas, asegurando que el modelo no ha sido probado y podría resultar en problemas de calidad y costos. “Todo esto es un modelo inventado, sacan cosas nuevas todos los días sin probarlas. No saben cómo construir, ni la calidad, ni el precio”, dijo Garza, quien también señaló la falta de supervisión para garantizar que las viviendas sean de calidad. “El Infonavit es un gran supervisor, pero ahora van a supervisarse a sí mismos. Es una burla”, concluyó.
La propuesta de reformas continúa siendo un tema de debate, con la iniciativa privada y diversas voces de la sociedad civil expresando su preocupación por los cambios y su impacto en los trabajadores y sus recursos. A pesar de las críticas, el gobierno sigue defendiendo la necesidad de reestructurar el Infonavit para mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos y en la construcción de vivienda. Sin embargo, los detractores insisten en que este cambio de control podría resultar en una mayor falta de transparencia y en un manejo discrecional de los fondos que afecta directamente a los trabajadores mexicanos.
