El gobernador republicano ha solicitado a los legisladores estatales de Florida el poder extraordinario para «endurecer» las políticas migrantes en el estado, según el diario local Miami Herald
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha solicitado a los legisladores estatales el poder extraordinario de «transportar» a migrantes indocumentados «fuera» de Estados Unidos, según recogió el Miami Herald este jueves.
El diario señala que obtuvo una lista de propuestas de una fuente del Legislativo, con las que el gobierno del republicano espera endurecer las políticas migratorias estatales, en concordancia con la mano dura que ha prometido el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que asume el próximo lunes.
Esta semana, el republicano dijo que convocará una sesión especial del Legislativo estatal para hacer que el estado «lidere» el programa de deportaciones masivas de Trump.
Entre los planes hay sugerencias de que un polémico programa estatal que se utilizó en 2022 para trasladar a inmigrantes a Martha’s Vineyard, en Massachusetts, se autorice para «facilitar la deportación de extranjeros ilegales» del país.
El diario detalla que las propuestas son más específicas que las anunciadas públicamente por el gobierno de Ron DeSantis y encaminadas a los planes de deportación masiva de Trump.
El republicano espera que los legisladores puedan reunirse para la sesión especial la semana del 27 de enero, una después de la investidura de Donald Trump.
La Legislatura de Florida tiene programado el inicio de su sesión para marzo.
La lista, según el diario, también incluye una propuesta para convertir en delito que los agentes policiales y los funcionarios electos no cooperen plenamente con las directivas de inmigración estatales y federales.
La oficina de DeSantis busca crear un delito menor de primer grado para los policías y un delito grave de tercer grado para los funcionarios electos que no participen en determinadas acciones federales de aplicación de la ley de inmigración.
Exigirles que se aseguren de que al menos el 10% de su fuerza laboral esté capacitada y equipada para ayudar al gobierno federal con la aplicación de la ley de inmigración, incluidas las deportaciones.
Permitir que la Guardia Nacional de Florida y la Guardia Estatal de Florida, una fuerza militar civil bajo el control del gobernador, ayuden con esas tareas.
POR: LATINUS
