Un juez federal en Seattle escuchará el jueves los primeros argumentos en una demanda presentada por varios estados que busca bloquear la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que termina con la garantía constitucional de la ciudadanía por derecho de nacimiento independientemente del estatus migratorio de los padres.
El juez federal John Coughenour programó la sesión para considerar la solicitud de Arizona, Illinois, Oregon y Washington. El caso es uno de los cinco juicios iniciados por 22 estados y varios grupos defensores de los migrantes en todo el país.
Las demandas incluyen testimonios personales de fiscales que son ciudadanos estadunidenses por derecho de nacimiento, y nombres de mujeres embarazadas que temen que sus hijos no se conviertan en ciudadanos estadunidenses.
Está previsto que la orden firmada por Trump el día de su juramentación entre en vigor el 19 de febrero. Podría afectar a miles de personas nacidas en el país, según una de las demandas.
¿Cómo funciona la ciudadanía por nacimiento?
En 2022, hubo aproximadamente 255 mil nacimientos de niños ciudadanos de madres que vivían ilegalmente en el país y aproximadamente 153 mil nacimientos de ambos padres en tal situación, según la demanda presentada por los cuatro estados en Seattle.
Estados Unidos está entre unos 30 países donde se aplica la ciudadanía por derecho de nacimiento, el principio de jus soli o “derecho del suelo”. La mayoría están en el Continente Americano, incluyendo a Canadá y México.
Las demandas argumentan que la 14ª Enmienda a la Constitución de Estados Unidos garantiza la ciudadanía para las personas nacidas y naturalizadas en el país y los estados han interpretado la enmienda de esa manera durante un siglo.
Ratificada en 1868 tras la Guerra Civil, la enmienda dice: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a la jurisdicción del mismo, son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado en el que residen”.
La orden de Trump afirma que los hijos de no estadunidenses no están sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos y ordena a las agencias federales no reconocer la ciudadanía para los niños que no tienen al menos un padre que sea ciudadano.
Un caso clave sobre el tema se desarrolló en 1898. La Corte Suprema sostuvo que Wong Kim Ark, quien nació en San Francisco de migrantes chinos, era ciudadano estadunidense porque había nacido en el país. Después de un viaje al extranjero, enfrentó la negativa de reingreso por parte del gobierno federal bajo el argumento de que no era ciudadano de acuerdo con la Ley de Exclusión China.
Pero algunos defensores de las restricciones migratorias han argumentado que ese caso claramente se aplicaba a niños nacidos de padres que eran ambos migrantes legales. Dicen que es menos claro si se aplica a niños nacidos de padres que no tienen permiso de residencia.
La orden ejecutiva de Trump llevó a los fiscales generales a compartir sus conexiones personales con la ciudadanía por derecho de nacimiento. Por ejemplo, el fiscal general estatal de Connecticut, William Tong, ciudadano estadunidense por derecho de nacimiento y el primer fiscal general chinoestadunidense elegido en la nación, dijo que la demanda era personal para él.
“No hay un debate legal legítimo sobre esta cuestión. Pero el hecho de que Trump esté completamente equivocado no le impedirá causar un daño grave en este momento a familias estadunidenses como la mía”, expresó Tong esta semana.
Una de las demandas incluye el caso de una embarazada, identificada como “Carmen”, que no es ciudadana, pero ha vivido en Estados Unidos más de 15 años y tiene una solicitud de visa pendiente que podría darle un estatus de residencia permanente.
“Despojar a los niños del ‘tesoro invaluable’ de la ciudadanía es una grave lesión”, dice la demanda. “Les niega la plena membresía en la sociedad estadunidense a la que tienen derecho”.
