Cd. de México
La Prensa
La Oposición en el Senado de la República condenó el acuerdo que adoptó el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para denunciar ante la Fiscalía General de la República (FGR) a los jueces que han otorgado suspensiones y amparos contra la reforma judicial.
El jefe de la bancada panista Ricardo Anaya, priista Manuel Añorve y emecista Clemente Castañeda coincidieron en señalar que la decisión del CJF es «un exceso» que deja al descubierto una venganza política.
En opinión de Anaya, el Consejo de la Judicatura Federal se está equivocando.
«Es inaceptable el uso de las instituciones de procuración de justicia con fines políticos. Los jueces resolvieron lo que consideraron apegado a derecho, y quien no esté de acuerdo con su resoluciones sabe que el camino es impugnarlas ante su superior jerárquico, no tratar de meterlos a la cárcel.
«La propia Presidenta ha hecho llamado reiterados a no utilizar la vía penal para resolver conflictos políticos. Nosotros rechazamos tajantemente la persecución política por la vía penal», planteó.
Para el coordinador de la bancada priista, Manuel Añorve, la medida representa «un exceso con tintes autoritarios, porque ellos (el CJF) no se manejan solos ni fue algo espontáneo: es para amedrentar, para tratar de poner de rodillas a los jueces que lo único que hacen es aplicar la ley y las atribuciones que les da la Constitución».
«No podemos permitir que tengamos un País que solamente sea una investidura de la 4T y que quien no opine a favor de la 4T, inclusive en la aplicación de la ley, se le apliquen medidas de coerción, impositivas, amenazas y denuncias como estas.
«No estamos en una dictadura, estamos en una democracia; y aquí lo que se quiere instaurar es una dictadura. Esto es muy grave para la democracia. Eso de que se les presenten denuncias en la Fiscalía sólo porque aceptaron amparos, se les amenace y se les coaccione, con línea del Gobierno, es un despropósito. Va en contra de la democracia, de la libertad y es para seguir conformando no solamente un estado autoritario sino dictatorial. Ojalá que rectifiquen. Este es un paso de un estado dictatorial», advirtió.
El senador Clemente Castañeda, jefe de la bancada de Movimiento Ciudadano, dijo sin rodeos que el acuerdo del Consejo de la Judicatura entrañaba «una vil venganza política».
«Es inadmisible que ante la pérdida del Estado de Derecho –porque eso es lo que ha sucedido a partir de la mal llamada reforma judicial– que quienes hacen su trabajo como personas juzgadoras por incomodar al régimen, por proteger derechos y por aplicar la ley, hoy sean perseguidos políticos de la Judicatura.
«Coincido con quienes sostienen que este será el tono de este nuevo Tribunal de Disciplina, que lo único para lo que fue diseñado, es para perseguir y subordinar políticamente a las personas juzgadoras a los intereses del régimen. Creo que lo que empezamos a ver en este momento es el verdadero rostro de la reforma judicial: la supresión del equilibrio entre los Poderes públicos y, por supuesto, el fin de la independencia judicial».
