La Prensa
Agencias
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis), dependiente del Ministerio de Salud del gobierno de Javier Milei, desató una fuerte controversia tras la publicación de la Resolución 187/2025 en el Boletín Oficial. El documento, que establece criterios médicos para evaluar la invalidez laboral, utiliza términos como «idiotas», «imbéciles» y «débiles mentales» para referirse a personas con discapacidad.
Lenguaje obsoleto y rechazo social
La resolución, difundida masivamente el jueves, generó indignación en diversas organizaciones de derechos humanos y de personas con discapacidad.
En su anexo, bajo el apartado «Retardos Mentales», se categoriza a las personas con discapacidad en diferentes grados, especificando que solo aquellas con «debilidad mental profunda o mayor» pueden acceder a una pensión no contributiva, según lo estipulado en el Decreto 843/2024.
Siete organizaciones, entre ellas la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), presentaron el 3 de febrero un reclamo administrativo exigiendo la derogación de la norma.
Según denunciaron, la resolución atenta contra la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tratado con jerarquía constitucional en Argentina (Ley 27.044).
