La Prensa
Agencias
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) rechazó las acusaciones del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sobre presuntos acuerdos entre jueces y criminales para favorecerlos en procesos judiciales, y calificó como un intento de desviar la atención ante presiones internacionales.
A través de un comunicado, la Jufed afirmó que las acusaciones del funcionario carecen de sustento probatorio y buscan responsabilizar a los juzgadores de la inseguridad en el país.
Según la asociación, las declaraciones de García Harfuch pretenden ocultar que las recientes acciones de seguridad del gobierno federal fueron motivadas por presiones de autoridades extranjeras y no por el interés de proteger a la ciudadanía.
«La afirmación de que existen acuerdos con jueces para favorecer intereses ilegales es absolutamente falsa y carece de cualquier sustento probatorio, dado que a la fecha no se ha presentado ninguna acusación», señaló la Jufed en el comunicado.
La asociación también subrayó que la seguridad y la justicia no se fortalecen con discursos que buscan deslegitimar al Poder Judicial, sino con acciones que ataquen las causas de la violencia, las cuales, acusó, no han sido realizadas hasta ahora.
Las declaraciones del secretario de Seguridad ocurrieron después del traslado de 29 personas vinculadas con el crimen organizado a distintos estados de Estados Unidos, hecho que el gobierno mexicano justificó con base en la Convención de Palermo y la Ley de Seguridad Nacional.
García Harfuch argumentó que la entrega de los criminales se realizó para evitar que fueran liberados o que se retrasaran sus procesos de extradición debido a supuestos acuerdos con jueces.
La Jufed exhortó a los representantes del Poder Ejecutivo a conducirse con responsabilidad y respeto a la labor jurisdiccional. Además, destacó que la crisis de inseguridad que afecta a millones de mexicanos no es responsabilidad de los jueces, sino de las autoridades encargadas de garantizar la seguridad pública.
«Las lamentables condiciones de inseguridad en la que viven millones de mexicanos no han sido por causa de la actuación de los juzgadores, sino por responsabilidad directa de las autoridades, sobre quienes recae tal obligación constitucional», señaló la asociación.
