Cd. de México
La Prensa
Un Juzgado federal admitió a trámite un amparo de Joaquín «El Chapo» Guzmán Loera, para impugnar la negativa del Gobierno de México a tramitar su repatriación desde Estados Unidos, donde está preso desde enero de 2017 y purga una condena de cadena perpetua.
El Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa admitió ayer la demanda, promovida el martes pasado, en la que el acto reclamado específico es la negativa de repatriación.
Hasta ahora, no se conocía públicamente que el Gobierno ya hubiera resuelto la solicitud que abogados de El Chapo presentaron el 10 de enero de 2023 ante la Embajada de México en Estados Unidos.
En la lista del Juzgado, la autoridad señalada como responsable es Antonieta del Rosario Osorio Morales, Directora de Cooperación Penal Internacional en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Si bien admitió la demanda, el Juzgado negó una suspensión, es decir, no hay ninguna orden inmediata al Gobierno mexicano para que haga o deje de hacer algo en este caso.
El juicio para determinar la posible violación a derechos humanos del ex capo del Cártel de Sinaloa, recluido en una cárcel de máxima seguridad en Colorado, puede tomar más de un año y tiene mínimas posibilidades de llegar a una sentencia favorable.
En enero de 2023, el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que se había recibido en Washington la petición de Guzmán Loera, y que el Gobierno la iba a estudiar, porque «siempre hay que dejar la puerta abierta cuando se trata de derechos humanos».
Pero de inmediato, el entonces titular de la SRE, Marcelo Ebrard, dijo que «francamente, no le veía posibilidades» a la repatriación, y que iba revisar el tema con la FGR.
En el papel, «El Chapo» sí tiene derecho legal a ser repatriado, pues así lo prevén el artículo 18 de la Constitución, la Ley Nacional de Ejecución Penal y el Tratado México-Estados Unidos sobre Ejecución de Sentencias Penales, firmado en 1977.
Estas normas permiten la repatriación de reos ya condenados por sentencia inapelable, con al menos seis meses pendientes por compurgar, y han sido aplicadas en decenas de ocasiones para traer a México a delincuentes procesados en el país vecino.
Pero estos traslados requieren aprobación de ambos Gobiernos, y en el caso de México, no sólo la gestión de la SRE, sino el aval del Órgano de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), autoridad responsable de las dos cárceles federales de las que El Chapo se fugó en 2001 y 2015.
Cabe recordar que, en 2019, abogados de «El Chapo» también iniciaron litigios para intentar su repatriación, pero fueron previos a su sentencia en Estados Unidos, y se basaban en argumentos sobre supuestas irregularidades durante el proceso para su extradición.
Apenas el pasado 20 de febrero, Ismael «El Mayo» Zambada, ex socio de «El Chapo», entregó una carta en el Consulado de México en Nueva York para exigir al Gobierno que reclame su repatriación desde Estados Unidos, a donde fue llevado por un aparente secuestro en julio de 2024.
