Nayarit
La Prensa
Seis residentes de Nayarit que fueron víctimas del ex Fiscal estatal Edgar Veytia presentaron una demanda civil ante una corte federal de Washington DC, para exigirle el pago de daños punitivos y compensatorios por múltiples delitos que cometió contra ellos, aunque se desconoce si permanece en prisión.
Se trata de comerciantes, pequeños empresarios, rancheros, agricultores y un policía local que fueron plagiados, torturados y extorsionados por autoridades de Nayarit bajo el mando de Veytia, durante el periodo de 2012 a 2017, en la Gubernatura del priista Roberto Sandoval, cuando de manera simultánea controló la Fiscalía y la Policía Estatal.
La demanda fue presentada el 21 de febrero por Gerardo Montoya Barajas, Yadira Zavala Ibarra, Víctor Hugo Corchado, Agustín Magallanes Paz, Yuri Camacho Vega y Gerardo Contreras Inda, quienes iniciaron su acción contra Veytia bajo una ley que permite demandar en Estados Unidos a funcionarios extranjeros por actos de tortura.
Los demandantes son representados por Baker McKenzie, uno de los despachos más grandes del mundo. El caso fue turnado al juez Timothy Kelly, quien envió un citatorio a Veytia a una cárcel de Kentucky, que fue su último domicilio conocido.
Detenido en marzo de 2017 en San Diego, California, Veytia fue originalmente condenado a 20 años de cárcel en septiembre de 2019, tras declararse culpable de proteger al Cartel H-2, grupo local del Cártel de los Beltrán Leyva, entre 2013 y 2017.
Sin embargo, en abril de 2024, una jueza de Brooklyn redujo la pena de Veytia a sólo 10 años y con beneficios; se tenía prevista su liberación para el pasado 10 de marzo, ocho años después de su arresto. Según registros del Buró Federal de Prisiones, Veytia dejó de estar bajo su custodia desde el pasado 10 de febrero.
El ex funcionario de 54 años tiene nacionalidad estadounidense, por lo que no puede ser deportado si es que ya está libre, lo que es probable, a menos que hubiera sido transferido a un sistema penitenciario estatal.
Veytia enfrenta nueve órdenes de aprehensión del fuero común en Nayarit, pero ninguna corte federal estadounidense ha iniciado un proceso para extraditarlo a México.
Otra posibilidad es que se convirtió en testigo protegido.
Veytia fue testigo clave durante el juicio en Nueva York contra el ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y sus declaraciones también fueron fundamentales para el arresto del ex Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, quien luego fue liberado por petición del Gobierno de México.
‘Una campaña de terror’
En la demanda contra Edgar Veytia, ex Fiscal de Nayarit, se le acusa de dirigir una campaña de terror contra ciudadanos que no se sometieron a su voluntad.
«En conjunto con una red de agentes armados, funcionarios cómplices y cárteles del narcotráfico, Veytia dirigió y aprobó una campaña de terror contra ciudadanos cuyas propiedades, autonomía económica, o mera negativa de someterse a sus exigencias, amenazaban su empresa ilícita», señala.
Según el documento, Gerardo Montoya Barajas, agente de bienes raíces, y su esposa Yadira Zavala Ibarra, fueron torturados para ceder una propiedad en Nuevo Vallarta; Víctor Hugo Corchado, un granjero, fue secuestrado varias veces, hasta que aceptó vender el rancho de su familia.
Agustín Magallanes Paz y sus hijos también fueron secuestrados y torturados por agentes para obligarlos a vender por montos mínimos inmuebles en Compostela, al igual que Gerardo Contreras Inda, amigo del matrimonio Montoya Zavala.
Una red de notarios públicos afines a Veytia –quien también estaba al frente de la Policía estatal– colaboró para formalizar esas transacciones.
Yuri Camacho Vega, un policía local que servía a las órdenes del comandante, se negó a proteger a los cárteles y denunció a Veytia ante la PGR (actual FGR), por lo que fue secuestrado, y su familia tuvo que pagar más de 2 millones de pesos para lograr su liberación en abril de 2014.
La demanda sostiene que no hay remedios legales disponibles en México, donde los quejosos podrían ser sujetos de represalias por cómplices de Veytia.
«Los actos perpetrados contra los demandantes no fueron incidentes aislados, sino parte de un patrón sistemático de abusos. Estos patrones pueden configurar crímenes contra la humanidad bajo leyes internacionales, si son parte de una política de acciones contra la población civil tolerada por el Estado», afirma.
