Con altos costos para el combate, el Coordinador de Protección Civil del Estado exhorta a no provocar incendios
Por Iván Villarreal
La Prensa
Fernando Orta, Coordinador de Protección Civil del Estado en la región centro, destacó el considerable trabajo realizado en los primeros meses de 2025, en el que se han registrado 400 incendios. Lo que ha generado costos económicos, un alto número de horas hombre.
Este esfuerzo ha provocado retrasos en las inspecciones que deben llevarse a cabo en gaseras y gasolineras, aunque, a pesar de los contratiempos, estas ya han comenzado.
“Tenemos la indicación de nuestro subsecretario de revisar todos los negocios, incluidas las gaseras y gasolineras. Estamos iniciando este proceso, pero hemos enfrentado numerosos casos de incendios, cuya causa desconocemos, ya sean provocados o no, en lotes baldíos y arroyos, lo que dificulta nuestras labores”, comentó Orta.
Fernando Orta Dávila añadió que existe una reforma que tipifica como delito el provocar un incendio de manera intencional, lo que permite al ministerio público actuar en consecuencia.
“Aprovechamos la oportunidad para invitar a la población a no provocar incendios, ya que desconocen el costo y el personal que se requiere para atender estas emergencias. Además, instamos a la ciudadanía a denunciar cualquier incidente”, enfatizó.
Orta Dávila también mencionó que el Gobernador ha iniciado una campaña robusta para prevenir y combatir los incendios forestales, realizando una inversión significativa. “Nuestro Gobernador, Manolo Jiménez, ha puesto en marcha un programa de prevención de incendios forestales, y se está realizando una inversión considerable”, concluyó.
Provocar un incendio es un delito que puede ser castigado con prisión y multa. La pena varía según la gravedad del delito y las circunstancias en las que se cometa. Si el incendio pone en peligro la vida o la integridad física de las personas, la pena de prisión puede oscilar entre 10 y 20 años. Si se comete en montes o territorios forestales, la pena puede ser de 1 a 5 años. En el caso de incendios en bosques, selvas, vegetación natural o terrenos forestales, la pena puede variar de 2 a 10 años.
