Por Jorge Fernández Menéndez
El caso Neurona y la pareja de Gatell
Neurona está demandada en Bolivia y también en España, donde junto con el partido Podemos, está acusada de realizar operaciones consideradas ilegales, triangulando recursos con una sede fantasma en México
El viaje del subsecretario Hugo López-Gatell a Zipolite ha tenido muchas repercusiones, incluyendo el develar quién es su pareja. La mujer que lo ha acompañado en varias apariciones públicas es Rebeca Peralta Mariñelarena, que se identifica como mexico-boliviana, trabajó con Evo Morales en Bolivia y ahora lo hace en la SEP. Rebeca, según se divulgó ayer, era también la coordinadora en Bolivia de una consultora de corte chavista, Neurona, especialista en manejo de redes, que fue muy influyente en el gobierno de Evo Morales, una empresa que está demandada en Bolivia y también en España, donde junto con el partido Podemos, está acusada de realizar operaciones consideradas ilegales, triangulando recursos con una sede fantasma en México.
Según la información judicial divulgada en España, la coalición Unidas Podemos (actualmente coaligado en el gobierno español, con el mayoritario PSOE) adjudicó a la empresa mexicana Neurona Consulting para la campaña electoral de abril de 2019 en ese país, un millón 300 dólares, pero más de 400 mil dólares terminaron en una sociedad fantasma, también mexicana, denominada Creative Advice Interactive Group, constituida en agosto de 2015, sin experiencia en la prestación de los referidos servicios, sin logística de ningún tipo y radicada, en una vivienda particular ubicada en un barrio popular, en el número 4248 de la avenida Tepeyac de Guadalajara, en Jalisco.
La investigación descubrió que los recursos enviados a Neurona se decidieron antes incluso de que esa empresa se constituyera legalmente en España. La entrega del dinero se decidió en febrero del 2019 y Neurona se constituyó en España en marzo de ese año, tras depositar un capital de tres mil euros y declarar que su objeto social era “la adquisición, tenencia, disfrute, administración y enajenación de valores mobiliarios y de cualquier tipo de títulos y activos financieros, pudiendo, en general, realizar toda clase de actividades de inversión mobiliaria”. Detrás de ella se encontraban dos socios: los mexicanos César Hernández Paredes y Andrea Edlin López Hernández. Ambos son consultores electorales en México.
Eso de por sí constituye, según la fiscalía española, un delito, pero el caso se agrava por el traspaso de 308 mil euros a la compañía fantasma mexicana Creative Advice Interactive Group, de la que aparece como propietario en México, Hernández Paredes. Según la unidad antiblanqueo de dinero de España (equivalente a la UIF en México) “no se han encontrado referencias sobre la actividad” de la empresa Creative y por ende comunicó una alerta al descubrir esta salida de dinero fuera de España como gastos desembolsados oficialmente como electorales. A partir de ahí inició el proceso legal. Esta misma semana, la justicia española reforzó la investigación contra Podemos y la sucursal de Neurona en ese país, acusados de lavado de dinero y malversación de fondos electorales.
Neurona, que trabajó para Morena en 2015 y 2018, antes había trabajado en Bolivia, donde la Fiscalía local la investiga desde el 2019 por presuntos “contratos irregulares” que el gobierno de Evo Morales firmó con ella y que habrían causado “un daño al Estado de, al menos, 12 millones de bolivianos” (unos dos millones de dólares), según había denunciado el pasado Ejecutivo de ese país.
Según las autoridades españolas, el intermediario con Neurona y con Creative fue Juan Carlos Monedero, un reconocido intelectual y periodista ligado a Podemos. En un dossier de la empresa, de 2019, se lo coloca como uno de los directores de ésta. Monedero que se separó de Podemos seis años atrás, ha sido ahora designado director de la Fundación 25-M, una suerte de brazo ideológico del partido, con intención declarada de reforzar su relación con fuerzas políticas de América latina.
EL REGLAMENTO
Se publicó ayer el reglamento para la operación de miembros de agencias extranjeras de seguridad en México. El tema ha sido controvertido por una razón evidente: ninguna agencia de seguridad e inteligencia (y si bien la nueva normatividad abarca a las agencias de todos los países, está particularmente dirigida a Estados Unidos y sobre todo a la DEA) brindará gentilmente informes sobre sus actividades.
Pero también es evidente que el marco normativo que se estableció a través de la Iniciativa Mérida, firmada al inicio de la administración Calderón con George W. Bush y que continuó con Obama, se fue distorsionando durante el gobierno de Trump y tuvo su peor momento con la detención del general Salvador Cienfuegos (incluso, con la de García Luna).
La intención es que no se pueda operar en un marco de exclusión del gobierno mexicano, sin colaboración y sin intercambio de información. La idea es que la colaboración se establezca entre los gobiernos y no necesariamente entre agencias o personajes ligados al mundo de la seguridad en forma aislada. La propuesta de Ebrard a la administración Biden al respecto, es conformar un grupo de alto nivel encabezado por la cancillería con sus contrapartes estadunidenses, al mismo tiempo que se conforma otro, de características operativas, al frente del cual, por México, estaría la secretaria Rosa Isela Rodríguez.
El tema es complejísimo y puede herir muchas sensibilidades políticas, a ambos lados de la frontera, se necesitarán negociación y acuerdos.
