Además de los señalamientos por corrupción, adeudos de bonos y aguinaldos, y armamento en mal estado, la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSP) operará este año con el 56 por ciento menos de recursos, de acuerdo con datos oficiales.
En 2020, esa dependencia encabezada por Raúl Ernesto Salcedo Rosales, recibió mil 475.7 millones de pesos. Aún con esa cantidad, la tropa acusó que la institución no dio mantenimiento a la cámaras de seguridad, a los vehículos operativos ni a las armas de cargo.
Para 2021 la dependencia tiene programado un presupuesto de 646.5 millones de pesos.
Los oficiales del C4 revelaron a REFORMA que cuentan con unas 500 cámaras, de las cuales sólo 350 están prendidas y la mitad de ellas otorgan imágenes de muy baja calidad, que dificultan la prevención y las investigaciones de los policías ministeriales.
Además, criticaron que dejaron de pagar bonos, aguinaldos y viáticos. Incluso, sólo otorgaron 10 litros de gasolina a las patrullas operativas para sus recorridos.
«Ahora con el otorgamiento de menos recursos, van a poner más trabas administrativas para dar mantenimiento a los equipos y pagar nuestras prestaciones, por ejemplo, no tenemos uniformes nuevos desde hace dos años, están todos percudidos y descoloridos por el sol», advirtió un oficial operativo.
El Presupuesto contempla 176 millones para la Secretaría General de Gobierno que encabeza Francisco García, 47 por ciento menos que en 2020; y 83.4 millones de pesos para Comunicación Social del Estado, que dirige Francisco Vallejo, 69 por ciento menos que el año pasado.
Sin embargo, esas instancias cuentan con más recursos que el Tribunal Superior Justicia, que recibió 78 millones de pesos, las ocho Universidades de cada región que, van de los dos millones a los 72 millones de presupuesto o a la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca que tienen un techo de 18.2 millones de pesos.
La Secretaría de la Cultura recibió 64 millones de pesos, también por debajo del presupuesto que recibió las oficinas cercanas al Gobernador Alejandro Murat, lo mismo que la Secretaría de Pueblos Indígenas con 8 millones y la Coordinación de Unidades y Caravanas para Servicios Gratuitos con 13.5 millones de pesos.
