Acusa no recibir respuesta sobre violencia a refugiados
Por Sharon Mercado/El Universal
La Prensa
MÉXICO.- El Comité de Naciones Unidas sobre Trabajadores Migratorios evaluó en Ginebra al Estado mexicano, donde mostró escasos avances en verdad, justicia y reparación para familiares de migrantes víctimas de desapariciones y masacres.
Solicitó a México información sobre las acciones realizadas para: investigar los delitos y las violaciones a derechos humanos contra migrantes, fortalecer la búsqueda de migrantes desaparecidos y para instalar la Mesa de búsqueda de migrantes pendiente desde hace tres años, pero no tuvo respuesta del Estado a dichos cuestionamientos.
Además, se destacó la ausencia de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Instituto Nacional de Migración (INM), instituciones necesarias para atender las problemáticas. Así, el próximo martes 15 de abril, el Comité publicará su informe y recomendaciones para México, de acuerdo con la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD).
Misma que, acompañada por otras organizaciones, enviaron informes al Comité respecto a desaparición, masacres y trata de migrantes, detenciones y expulsiones, revisiones migratorias inconstitucionales, militarización, discriminación, racismo y xenofobia, regularización migratoria, derechos de niñez migrante y falta de acceso a derechos.
Sobre la falta de verdad y justicia para los familiares de las víctimas de las masacres de 72 migrantes (2010), fosas clandestinas de San Fernando (2011) y Cadereyta (2012), la delegación del Estado Mexicano sólo mencionó los largos juicios iniciados por las víctimas, sin informar resultados de las investigaciones de la FGR, ni avances en la identificación y sanción de responsables.
“Tampoco mencionaron que en relación a la masacre de 72 migrantes y el caso de las fosas clandestinas de San Fernando, se han dictado dos sentencias contra 38 presuntos integrantes de los zetas, por delitos de delincuencia organizada o portación de arma de fuego, más no por los secuestros, tortura y homicidios de los migrantes”, señaló la FJEDD.
El Estado mexicano reconoció el bajo índice de judicialización de casos de delitos contra migrantes, y señaló que durante el período de 2019 a 2025 se emitieron 53 sentencias, 10 absolutorias y 43 condenatorias. Asimismo, refirió que del 2018 al 2023, tan solo se han obtenido 15 sentencias condenatorias por desaparición forzada, sin especificar que las víctimas fueran migrantes.
El Comité destacó su preocupación por los efectos de la militarización del control migratorio y los casos donde personas migrantes han sido asesinadas a manos de fuerzas militares como la Guardia Nacional (GN). Pablo Ceriani, el Relator del Comité para México, destacó que el enfoque securitista afecta todos los ámbitos de derechos de los migrantes.
Otros casos sobre los que fue cuestionado el Estado mexicano fueron: la masacre de 17 migrantes en Camargo, Tamaulipas (2021), el caso del cubano Cristobal Cobreiro, asesinado por la Guardia Nacional en Chiapas (2021), el caso de la migrante salvadoreña Victoria Salazar asesinada por policías municipales en Quintana Roo (2021), y el caso del incendio de la estación migratoria en Ciudad Juárez donde fallecieron 40 migrantes (2023).
Casos que, aseguró la ONG, permanecen en la impunidad, salvo el de la masacre de Camargo, en el cual se dictó sentencia condenatoria en contra de 12 policías estatales de Tamaulipas.
“Es enorme la deuda en la atención básica a las familias de víctimas migrantes, con ausencia de políticas de atención diferenciada, con enfoques de género, niñez, interseccionalidad y transnacionalidad”, señaló la organización.
Mientras que la discriminación institucional sigue imperando cargando a las víctimas con responsabilidades que no les corresponden, y sin desarrollar coordinaciones bilaterales o regionales con los gobiernos de los países de origen, mencionaron.
Tampoco se ha adoptado una política pública para evitar la repetición de graves violaciones a derechos humanos contra migrantes, a pesar de la situación generalizada de extorsión, secuestro y trata de personas migrantes y la permanencia de situaciones de homicidio y desaparición de migrantes en México, que calificaron como “el mayor corredor migratorio del mundo”.
