El municipio donó siete hectáreas para iniciar la construcción de casas a través de CONAVI, destinadas a personas sin seguridad social y con ingresos limitados
Alonso Crisante
LA PRENSA
SABINAS, COAHUILA.– Más de 500 familias sabinenses que actualmente no cuentan con afiliación al Seguro Social tendrán la oportunidad de acceder por primera vez a una vivienda propia, gracias a un proyecto habitacional que encabezará la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) con respaldo del gobierno municipal.
Así lo informó el alcalde José Feliciano Díaz Iribarren, quien detalló que en los próximos días se colocará la primera piedra de este ambicioso proyecto en la colonia San Antonio, donde se habilitarán siete hectáreas para la construcción de las viviendas. El terreno será donado por el municipio al gobierno federal, y cada unidad habitacional se ofrecerá en condiciones accesibles para familias con ingresos conjuntos menores a 18 mil pesos mensuales.
“Este programa está pensado para quienes no tienen puntos en Infonavit ni están afiliados al Seguro Social. Queremos que más familias puedan tener una vivienda con menos trámites y sin pagar intereses”, explicó el edil.
Las viviendas serán de tipo Infonavit, construidas sobre lotes de 120 metros cuadrados y con una edificación base de 60 metros cuadrados. La construcción se llevará a cabo por etapas, y se prevé que las primeras casas puedan ser entregadas antes de que concluya el año.
De acuerdo con Díaz Iribarren, el programa será promovido por brigadas municipales que recorrerán las colonias de Sabinas para informar directamente a los interesados sobre los requisitos y beneficios del esquema. Una vez que se concluyan los procesos de entrega de documentación y validación de terrenos, la CONAVI detallará los montos de inversión y los pagos mensuales que deberán realizar los beneficiarios.
“Lo importante es que estas casas no tendrán intereses. Vamos a acercar la información directamente a los hogares, con transparencia y de manera ordenada”, aseguró el alcalde.
El proyecto representa una alternativa real de vivienda para cientos de personas que trabajan en la informalidad o no tienen acceso a servicios de seguridad social, y marca un paso importante en la política local de atención a grupos vulnerables.
Díaz Iribarren afirmó que este modelo de colaboración con el gobierno federal demuestra que, con voluntad política y enfoque social, es posible ampliar el derecho a una vivienda digna sin que las condiciones económicas sean un obstáculo.
