Rubén Moreira Valdez
En medio de una mañanera dedicada a la seguridad, la presidenta Sheinbaum fue informada de la ejecución de dos colaboradores de la jefa de Gobierno. Un profesional le quitó la vida a los funcionarios.
La Ciudad de México, solo por lo que hace a la Secretaria de Seguridad Ciudadana, cuenta con más de 90 mil policías, y en su territorio tienen su sede los mandos de las Fuerzas Armadas y todas las dependencias del Estado en materia de seguridad, inclusive las de inteligencia y, claro, la Guardia Nacional con varios destacamentos.
El número de cámaras de seguridad es de cuando menos 83,400, sin contar las de propiedad privada. Es casi imposible que un suceso no sea registrado y grabado, así como que las rutas de llegada y escape del criminal no sean descubiertas.
Es irresponsable, en estos momentos, presentar hipótesis sobre los motivos del homicidio, como también lo sería que los habitantes de la ciudad nunca conozcan la verdad de lo sucedido. En el régimen hay un buen número de voceros expertos en construir narrativas falaces y perversas; minutos después de los homicidios, un congresista de Morena culpó a lo que llama “derecha” y otro a Salinas y Calderón. Los
nombres de este par de irresponsables no valen la pena mencionarse.
No hay duda de que la ejecución se meditó y planeó a profundidad. El tirador sabía lugar donde se detendría el vehículo y por qué; esto implica un necesario seguimiento previo a las víctimas. Repartió las municiones en los dos objetivos y tuvo la serenidad para terminar su tarea. Conocía la importancia de los funcionarios y, aun así, apretó el gatillo.
No hay duda de que el gatillero contaba con un círculo de protección para su huida.
Sin contar el ataque a Harfuch, cuando era el responsable de la seguridad en la ciudad, el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y asesor de Clara Brugada, no tiene antecedentes recientes en la metrópoli. Lo hasta ahora inusual en la capital es común en otras latitudes de la nación; me refiero a las agresiones a políticos. Según la consultora Integralia, en el primer trimestre del año se suscitaron 100 ataques, de los cuales 52 fueron mortales.
Las cosas no marchan bien en México. Tenemos una crisis de gobernabilidad que toma un sentido estructural: la economía se encuentra en dificultades y la inseguridad se agrava. No hay tema público que no se encuentre en crisis; desde la salud hasta la infraestructura carretera, hay problemas. El gobierno y Morena responden con narrativas cargadas de pretextos e inconsistencias. La agresión confirma que las
estadísticas del país y la capital son maquilladas a conveniencia.
Frente a lo que hoy sucede, el Estado mexicano tiene el reto de imponerse a las bandas criminales. Hoy va perdiendo la batalla.
