La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que las fiscalías estatales no pueden acceder a información bancaria sin orden judicial previa.
Por cuatro votos contra uno, la Primera Sala de la Corte declaró hoy inconstitucional el artículo 142, fracción II, de la Ley de Instituciones de Crédito, que obliga a los bancos a entregar información de sus clientes a las fiscalías estatales y de la Ciudad de México.
La mayoría retomó el criterio que la Sala sostuvo en 2017, cuando declaró inconstitucional el acceso directo de la entonces PGR a información bancaria, mismo que el Pleno de la Corte ratificó en junio de 2019, aunque apenas por seis votos contra cinco.
“A fin de evitar una violación al derecho fundamental a la vida privada de todo gobernado (del cual es parte el secreto bancario o financiero, aun cuando se trate de una persona sujeta a una investigación penal), es necesario que el Ministerio Público local acuda ante la autoridad judicial a efecto de que le autorice requerir a las instituciones financieras la información”, resolvió hoy la mayoría, con voto en contra del Ministro Jorge Pardo.
Al haber sido aprobado por cuatro votos, el criterio será jurisprudencia obligatoria para todos los jueces del País que conozcan de casos similares.
El amparo fue otorgado a Mayra Mayorga Osnaya, quien en abril de 2023 fue condenada a ocho años y cinco meses de prisión, por un fraude en el cobro de rentas, así como a reparar daño de 1.1 millones de pesos a la víctima.
El efecto del amparo es que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de México dicte nueva sentencia a Mayorga Osnaya, pero sin considerar sus estados de cuenta bancarios, sino únicamente el resto de las pruebas que la fiscalía presentó en su contra.
Es decir, la acusada podría ser declarada culpable de nueva cuenta, o absuelta, pero sólo si su información bancaria fue la prueba determinante.
Mayorga Osnaya ha acusado que fue encarcelada por presiones de su ex jefe en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), el ex diputado y senador priista David Jiménez González, quien fue embajador de México en Honduras entre 2019 y 2023, y era dueño de inmuebles en los que ocurrió el fraude.
