Juana Hilda González, condenada a 78 años de cárcel por el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace en 2005
Por Victor Fuentes/Agencia Reforma
La Prensa
CD. DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia ordenó hoy la inmediata libertad de Juana Hilda González, al revocar la condena de 78 años de cárcel que se le impuso por el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace en 2005.
Luego de 19 años y cinco meses en prisión, González saldrá en las próximas horas del penal de Santa Martha Acatitla.
Por cuatro votos contra uno, la Primera Sala de la Corte estableció que el caso contra González fue construido sobre dos declaraciones de la propia inculpada ante la entonces Procuraduría General de la República, que podrían haber sido obtenidas bajo tortura o coerción.
“Esta Primera Sala considera que, en el caso, los medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Públicos no son suficientes para demostrar la participación de Juana Hilda González Lomelí en el secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda”, se lee en la sentencia.
“Esto es así, pues la acusación en su contra no se sostiene sin las declaraciones que Juana Hilda rindió ante el Ministerio Público, cuando se encontraba en un centro de arraigo, antes de ser puesta a disposición del juez, y no hay elementos suficientes para concluir que esas ‘confesiones’ fueron emitidas de manera libre y voluntaria, y no bajo tortura psicológica, coacción e intimidación, por lo que no pueden ser tomadas en consideración”.
El Ministro Jorge Pardo fue el único disidente.
La Sala, que tenía el expediente desde 2022, resolvió el caso a tres meses de la muerte de la madre de Hugo Alberto, la activista antisecuestro Isabel Miranda, quien fue la gran impulsora del proceso contra los acusados por el plagio de su hijo.
El caso fue votado luego que la Presidenta de la Corte, Norma Piña, desechó hoy por notoriamente improcedente un impedimento contra el Ministro Alfredo Gutiérrez, autor del proyecto de sentencia, que buscaba bloquear la discusión del caso.
La Corte no ha publicado cuál de las partes involucradas promovió el impedimento, pero la Fiscalía General de la República había pedido aplazar el asunto con ese pretexto.
Ex bailarina del grupo Clímax, González era novia de César Freyre Morales, ex agente de la Policía Judicial de Morelos, señalado como el líder de la banda que plagió y asesinó a Wallace, ya sentenciado por ese caso.
El 27 de octubre de 2011 el Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal la condenó a 78 años y 9 meses de prisión, y al pago de la reparación del daño causado a los padres de Hugo Alberto y de su hija, quien en ese entonces era menor de edad.
Más de 13 años después, la Corte declaró ilegales las confesiones que González rindió el 8 y 21 de febrero de 2006, esta última una declaración en la que pidió perdón a Isabel Miranda de Wallace y cuyo contenido en su momento fue difundido por la prensa.
Entre otros aspectos, la sentencia determina que no sólo Juana Hilda denunció las torturas, sino también sus coacusados Tony y Alberto Castillo Cruz.
“Estas tres denuncias ante la autoridad, por sí solas, son razón suficiente para dudar de la constitucionalidad de sus ‘confesiones’, para activar la obligación del Estado de investigar posibles actos de tortura y para invalidar cualquier información obtenida de los hechos denunciados hasta en tanto la tortura no se pueda descartar, pero además no son los únicos”, señala.
El fallo reconoce que la abogada de Juana Hilda González firmó y validó sus confesiones, sin embargo, estima que eso no es relevante para descartar la tortura, porque la misma defensora denunció el delito un mes después de esas declaraciones.
“El hecho de que la defensora de Juana Hilda haya firmado las actas en las que emitió las declaraciones auto incriminatorias tampoco es razón suficiente para concluir que estas fueron emitidas sin coerción pues, en primer lugar, la presencia de la defensora en el tiempo en esos momentos nada dice de lo que pudo haber sucedido antes y después de que la diligencia formal”, agrega.
La Corte también absolvió a González de los cargos de posesión de armas prohibidas y delincuencia organizada.
