Rubén Moreira Valdez
En febrero de 2024, el expresidente López Obrador decidió echar toda la carne al asador. El día 5, desde Palacio Nacional, anunció 20 reformas constitucionales donde se mezclaban temas como la prohibición de los vapeadores y la elección de los juzgadores.
Varias de las iniciativas tenían un fuerte contenido electoral y con ellas pensaba influir en los comicios. No importaba la viabilidad de lo prometido; el objetivo era ganar los comicios. Esperaba que la oposición rechazara lo relacionado con los programas sociales o el salario mínimo profesional. Eso no sucedió; a la oferta de beneficios para la población, los partidos que postulaban a Xóchitl Gálvez manifestaron su conformidad. Entonces, Morena dejó de insistir y se concentró en una narrativa fincada en lo que llamaron Plan C: la demolición de los órganos autónomos, la captura del poder judicial y la militarización del país.
El 2024 es un año que en materia financiera se caracteriza por el déficit, el endeudamiento y el incremento en los recursos destinados a los programas sociales. López Obrador recibió una deuda histórica de 10.5 billones de pesos y entregó una de 16.5 billones. La primera cifra incluye los compromisos que México acumuló durante décadas y la segunda nos advierte del incremento en tan solo seis años. El déficit ascendió al 5.9% del PIB, el más alto en 20 años. Eso no es todo, se obligó al gobierno entrante a endeudarse por 1.2 billones para sacar adelante su primer año de gestión.
En la urgencia por triunfar, López Obrador intervino en el proceso electoral y la candidata opositora fue objeto de todo tipo de ataques desde el poder. Como en otras ocasiones, los propagandistas del régimen difundieron noticias falsas, entre ellas, que los opositores suprimirían los programas sociales.
Si nos atenemos al gasto público federal, nos daremos cuenta del tamaño de la operación electoral. En 2018, el déficit anual era de 640 mil millones de pesos; para 2024 ascendió a 1.2 billones. Sin embargo, lo más revelador es que en el último año el incremento fue de un 40%.
La capacidad de maniobra del actual gobierno es limitada y la viabilidad se antoja difícil. Se redujo el déficit, es cierto, en más de 800 mil millones de pesos y se espera otro ajuste para el año que viene; sin embargo, los recortes se realizan en temas como desarrollo regional, salud, campo, educación e infraestructura carretera.
La presidenta pronto deberá tomar duras decisiones y una de ellas es poner fin a los dispendios que se provocan por las obras faraónicas y las malas ideas de su antecesor. Sin contar la sangría de Dos Bocas, las pérdidas de CFE, PEMEX y disparates como AIFA ascienden a más de un billón de pesos al año.
A 13 meses de la elección, ya no hay órganos autónomos, ni Corte independiente y pronto tampoco democracia.
