A tres años de la tragedia que conmocionó la región
Denuncian contratos irregulares otorgados a empresa ligada al accidente que causó la muerte de 10 mineros; piden investigar y sancionar a responsables
Karla Cortez
LA PRENSA
SABINAS, COAHUILA.– A tres años del trágico accidente ocurrido en la mina El Pinabete, la organización Familia Pasta de Conchos emitió un pronunciamiento en el que exige justicia para los 10 mineros fallecidos y un alto a las prácticas corruptas que aún persisten en la adjudicación de contratos dentro de la Región Carbonífera.
La agrupación recordó que, a pesar de que en 2020 el Servicio Geológico Mexicano advirtió que la empresa Minera El Pinabete S.A. de C.V., propietaria del pozo donde ocurrió el accidente, no cumplía con los requisitos necesarios para operar como proveedora de carbón, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) le otorgó contratos por adjudicación directa en 2021 y 2022. El primero ascendió a 38 millones 652 mil pesos, mientras que el segundo fue por 47 millones 906 mil pesos, este último en el mismo año en que ocurrió el fatal siniestro.
En su pronunciamiento, la organización hizo un llamado enérgico para evitar que esta situación se repita, recordando que la adjudicación de contratos a empresas irregulares pone en riesgo la seguridad y la vida de los trabajadores. “Es urgente revisar los procesos de asignación para que tragedias como la de El Pinabete no vuelvan a suceder”, señalaron.
La Familia Pasta de Conchos destacó en su comunicado a los 10 mineros que perdieron la vida en agosto de 2022: José Rogelio Moreno Morales, Ramiro Torres Rodríguez, Hugo Tijerina Amaya, Jorge Luis Martínez Valdez, Sergio Gabriel Cruz Gaitán, José Rogelio Moreno Leija, Mario Alberto Cabriales Uresti, José Luis Mireles Argüijo, Margarito Rodríguez Palomares y Jaime Montelongo Pérez, demandando que su memoria sirva para impulsar cambios profundos en el sector.
Asimismo, la organización señaló directamente a funcionarios de la CFE involucrados en la adjudicación de estos contratos, incluyendo a Mónica Romo Elguezabal del área de contratos, así como a Tomás Gilberto Navarro Seguy, Jesús Adrián Martínez Costilla y Jesús Antonio García Rivas, del área de requisiciones. También responsabilizaron a empresarios como Arturo Alexander Carranza González, jefe de compras; Hipólito Rodríguez Martínez, administrador general; Víctor Abel Díaz Márquez, jefe del Departamento de Carbón y Cenizas; y Sócrates Alejandro Jiménez Alcántar, encargado del Despacho de la Superintendencia General.
La organización advirtió que, de no aplicarse sanciones y revisiones estrictas, las prácticas irregulares podrían continuar afectando la seguridad y economía en la región. Por ello, exigieron que las autoridades correspondientes, incluyendo a la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo, realicen investigaciones profundas y finquen responsabilidades a los responsables.
