Se presenta nueva solicitud por parte de los abogados de Erick Abizael y Angel Arturo, su guarura, para que se les otorgue prórroga a plazo de investigación
Alexis Massieu
La Prensa
El proceso penal que se sigue en contra de 2 de los 10 presuntos homicidas de Jesús Alfredo Salayandia Reyes, en el anexo Escudo de Salvación de Ciudad Frontera, podría alargarse hasta el 2026, tras la nueva solicitud hecha por los abogados de Erick Abizael y Ángel Arturo “N”, para que se les de una prórroga al plazo de investigación, lo cual, en caso de aprobarse, provocaría que no haya juicio oral en su contra, sino hasta el próximo año.
Según un oficio enviado al Centro de Justicia Penal, el pasado 4 de agosto, los representantes legales del par de implicados, le van a solicitar al juez en turno, que les autorice una prórroga de uno o más meses, para poder obtener pruebas que por alguna razón ajena a ellos, se encuentran pendientes de recabar.
Esta petición de expandir el plazo de investigación, dentro de la causa penal 891/2022, se va a debatir y resolver, en una audiencia que se agendó para el próximo martes 13 de agosto a las 09:00 horas.
De autorizarse la prórroga, esta implicaría extender las investigaciones por lo menos hasta el mes de septiembre, lo que dejaría menos de tres meses—tomando en cuenta el periodo vacacional decembrino—para que el Ministerio Público realice una acusación formal, y Erick Abizael y Ángel Arturo “N”, sean llevados ante un tribunal que decida si son culpables o inocentes.
Cabe la posibilidad, que el proceso en contra de quien era el propietario del centro de desintoxicación, y de su escolta, se empate con el de los otros 7 procesados, 5 internos y 2 “padrinos”, y enjuiciarlos al mismo tiempo. Permaneciendo el undécimo presunto homicida prófugo de la justicia.
Como se recordará, Jesús Alfredo Salayandía Reyes fue encontrado sin vida cerca del mediodía del viernes 8 de julio del año 2022, en el centro de desintoxicación que estaba ubicado en la calle Allende de la colonia Occidental en Ciudad Frontera.
Tras dos días de investigaciones, se emitió por parte de un juez penal, ordenes de aprehensión en contra de 5 internos y 2 “padrinos”, y se ordenó la captura del propietario del lugar, Erick Abizael; y de sus dos escoltas, Ángel Arturo “N”, y otro más que se encuentra prófugo.
