Su defensor le había conseguido salida alterna para pagar un millón 200 mil pesos a plazos, tras dar muerte a un hombre en marzo pasado en accidente vial
Alexis Massieu
La Prensa
En prisión se quedó una ciudadana norteamericana—el día de ayer—luego de decir ¡no! Al acuerdo que le había conseguido su defensor público, de pagar a 3 años 8 meses, un millón 200 mil pesos por la muerte del afectado en un accidente vial ocurrido el 11 de marzo del año 2025.
Se trata de Nicol “N”, una méxicoamericana que tras protagonizar un fuerte accidente vial ocurrido sobre la carretera 57, cerca del entronque con el libramiento Eliseo Mendoza Berrueto en Monclova, se fue para los estados Unidos, permaneciendo prófuga de la justicia, hasta el pasado 7 de agosto.
Fue mediante una orden de aprehensión librada en su contra, y ejecutada hace 3 días por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, que la presunta homicida fue llevada ante la Jueza Marina Adriana Galindo Ramos, para resolver su situación legal.
Dado que ya se había llegado a un acuerdo con la familia de la víctima, identificado como Jorge Heriberto García Estrada, tras dictársele una vinculación a proceso, el abogado de la acusada, dejó para otro momento las pruebas y los alegatos que se tenían a su favor, dándole prioridad a que Nicol “N” recuperara su libertad.
Sin embargo, al percatarse que parte de las condiciones era que entregara la “green card”, y que permaneciera en México, como una garantía de que no se iba a fugar, comenzó a mover la cabeza diciendo que no, porque ella tiene a su doctor y a sus hijos en Estados Unidos de América, y ellos no pueden venir para acá.
Pese a la explicación que le dio su abogado, y la invitación que le hizo la jueza a que analizara qué era lo más conveniente dada su situación, Nicol “N” dijo que no, que prefería pagar con cárcel, porque de todas maneras no iba a poder ver a sus hijos, definiendo con esa manifestación, su suerte en la etapa inicial de la causa penal 383/2025.
La jueza le concedió tanto al Ministerio Público, como al defensor, un plazo de tres meses para que realicen una investigación complementaria en busca de más pruebas a favor o en contra, tras los cuales se reanudarán las audiencias, con el objetivo de llevar a la acusada a un juicio oral, en el que se decidirá si es o no culpable de cometer el delito de homicidio y daños culposos de cuantía mayor.
La jueza agregó, que en caso de cambiar de opinión, la acusada podría solicitar una audiencia, para retomar la solicitud que ya había hechos su abogado para cerrar el caso mediante una salida alterna, como era la de pagar 100 mil pesos en ese momento, y el resto del millón 200, con mensualidades de 30 mil.
