Jueza decide entregarlo al personal del centro de rehabilitación, mientra su cómplice –una mujer- es enviada a penal femenil
Alexis Massieu
La Prensa
Pasando por encima de la Constitución y con la autorización de una jueza, un anexo se llevó el día de ayer a un presunto ladrón, que por ley tenía que ser enviado a un centro penitenciaron bajo la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa, la cual ya se la había impuesto desde una audiencia previa, antes de que fuera vinculado a proceso por el delito de robo a domicilio, junto a una mujer que sí fue enviada a la cárcel femenil.
Se trata de Ernesto Iván, quien junto con Aracely Geraldine “N”, fue acusado de meterse a robar el pasado 15 de agosto a un domicilio localizado sobre la calle Libertad en la colonia Guadalupe Borja de Ciudad Frontera, aprovechando que la dueña de nombre Cielo, se encontraba de vacaciones.
El padre de la víctima, fue quien sorprendió a los presuntos delincuentes al interior de la casa, cuando para revisar que todo estuviera bien trató de abrir la puerta principal, y desde el interior alguien la detuvo. Siendo identificados los responsables, por ser vecinos de la afectada, aunado a que otro colono, le devolvió a los elementos de la Agencia de Investigación Criminal, una laptop que les compró a los acusados por 200 pesos.
Fue tras vincular a los acusados a proceso, que la defensora pública, le solicitó a la Jueza Karla Esmeralda de Ávila, un cambio de medida cautelar, lo que fue respaldado por la agente del Ministerio Público, que le dijo: “que la medida cautelar se iba a modificar”, porque a Ernesto Iván “N”, lo iban a anexar, y en la sala ya estaba el personal del anexo Nueva Esperanza de Vida.
Tras deliberar cinco minutos, y pese a que la prisión preventiva para los robos a domicilio, es de oficio, es decir; que se impone en automático, y que no se presentó prueba alguna, de que el acusado–que decía que no con la cabeza—fuera adicto a las drogas, o de plano, que en la prisión no pudieran rehabilitarlo, la jueza ordenó que fuera liberado y entregado al personal del centro de rehabilitación.
Por su parte, la otra acusada, aparentemente también drogadicta, sí fue trasladada a un centro de readaptación femenil, sin especificar cual, ya sea el del municipio de San Pedro, o el de Piedras Negras, donde permanecerá hasta que se decida su situación legal.
Para que tanto, el Ministerio Público, como la defensa, puedan investigar y presentar más pruebas, ya sean a favor o en contra, la juzgadora les concedió un plazo de 2 meses, tras el cual se reanudarán las audiencias.
