La Corte Suprema de Estados Unidos respaldó nuevamente este lunes el enfoque de línea dura del presidente Donald Trump hacia la inmigración, permitiendo a los agentes federales proceder con redadas en el sur de California para deportar a personas en función de su raza o idioma.
El tribunal accedió a una petición del Departamento de Justicia para dejar en suspenso la orden de un juez federal que prohíbe temporalmente a los agentes parar o detener a personas sin “sospecha razonable” de que están en el país ilegalmente, basándose en su raza o etnia, o si hablan español o inglés con acento, entre otros factores.
Las tres juezas liberales de la Corte Suprema disintieron públicamente de la decisión.
La jueza federal de distrito Maame Frimpong, con sede en Los Ángeles, había emitido la orden el 11 de julio. Frimpong consideró que las acciones del Gobierno de Trump probablemente violaban la protección de la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos contra registros e incautaciones irrazonables. La orden de la jueza se aplicó a la jurisdicción de su tribunal que abarca gran parte del sur de California.
En una presentación escrita, el Departamento de Justicia defendió la selección de personas utilizando un “perfil razonablemente amplio” en una región en la que, según el Gobierno, alrededor del 10% de los residentes se encuentran ilegalmente en el país.
La solicitud del Gobierno es su más reciente apelación ante la Corte Suprema para tratar de seguir adelante con políticas que tribunales inferiores han bloqueado tras poner en duda su legalidad. La Corte Suprema, que tiene una mayoría conservadora de 6-3, ha respaldado a Trump en gran parte de estos casos.
Trump ganó las elecciones del año pasado para un segundo mandato como presidente con promesas de deportaciones récord. Las redadas de inmigración de su Gobierno, incluso en Los Ángeles, han provocado pánico en las comunidades de inmigrantes, así como protestas, y han suscitado demandas por las tácticas agresivas empleadas por agentes federales enmascarados y armados.
En mayo, Stephen Miller, un asesor de alto rango de Trump y arquitecto de la agenda de línea dura contra la inmigración del presidente republicano, exigió a los líderes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que aumentaran las deportaciones, estableciendo un objetivo de 3,000 detenciones diarias.
En otros casos, la Corte Suprema ha permitido a Trump deportar a inmigrantes a países distintos del suyo sin ofrecerles la oportunidad de demostrar los daños a los que pueden enfrentarse y revocar el estatus legal temporal concedido previamente por el Gobierno por motivos humanitarios a cientos de miles de inmigrantes.
Por El Economista
