En las modificaciones a la Ley de Amparo, Morena sumó un artículo transitorio que no le pareció a Sheinbaum, ya que según ella vi0la la Constitución.
Morena logró imponer una vez más mayoría para aprobar la Ley de Amparo en la Cámara de Senadores. La reforma endurece los requisitos para activar el recurso legal que es clave en la protección de los derechos humanos.
La iniciativa fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, tras la reforma judicial que se concretó este año con la elección de una nueva judicatura. La reforma ahora pasará a la Cámara de Diputados para la aprobación final.
¿De qué trata la Ley de Amparo?
La propuesta de reforma tiene el objetivo agilizar los procesos y evitar que los recursos de amparo sean utilizados por “por quienes quieren evitar la justicia”.
“Los deudores fiscales son los que más han abus4do del amparo. La justicia nunca ha llegado a los más pobres, a los más necesitados, menos a las mujeres indígenas. ¿Quiénes han abus4do? Los que tienen más recursos económicos”, dijo esta semana la mandataria al defender su iniciativa.
La propuesta de Sheinbaum busca reformar la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
El amparo es un recurso legal que puede proteger a las personas frente a omisiones o actos cometidos por cualquier autoridad que resulten en la vi0lación de los derechos humanos que se reconocen en la Constitución, así como en tratados internacionales suscritos por México.
A través del amparo, las personas pueden reclamar ante un tribunal por las omisiones en investigaciones y la negativa de los funcionarios a entregar un expediente o a recibir una denuncia.
El texto aprobado por los senadores contempla que el amparo podrá promoverse por una afectación individual o colectiva, y que el interés legítimo deberá implicar una “lesión real, actual y diferenciada”, con lo que se modificó una de las propuestas del proyecto presentado por Sheinbaum, que planteaba que las acciones solo podían ser promovidas de manera individual.
En la reforma se ampliaron los plazos procesales de 60 a 90 días para que los jueces dicten sentencias de amparos indirectos, y se establecieron límites para las suspensiones de los actos reclamados en los casos de:
Lavado de dinero.
Financiamiento al terrorismo.
Actividades sin concesión.
Deuda pública.
También, en la reforma a la Ley de Amparo, se acordó la implementación de un marco legal para realizar los juicios de amparo de manera digital, pero se garantizó que quienes no tengan acceso a medios digitales los ejecuten de forma tradicional.
¿Qué preocupa de la nueva Ley de Amparo?
Organizaciones humanitarias locales expresaron el martes preocupación por la limitación de los alcances de la suspensión como medida cautelar, y el aumento del margen para incumplir las sentencias de amparo al diluir las consecuencias derivadas del desacato.
“Una reforma al juicio de amparo debe ser progresiva en donde se busque que sea una herramienta eficaz para garantizar el acceso a la justicia, conforme a la Constitución y los tratados internacionales”, refiere el escrito respaldado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Fundar Centro de Análisis e Investigación y Artículo 19.
También se plantea que se blinda a las autoridades, ya que se argumenta que la restricción de suspensiones otorga mayor poder a las autoridades, dificultando la defensa de los derechos de los ciudadanos.
POR: EL FINANCIERO
