Consejeros ciudadanos del Sistema Nacional Anticorrupción urgieron a FGR y a la UIF revisar bienes del morenista Adán Augusto
Por Rolando Herrera/Agencia Reforma
La Prensa
Consejeros ciudadanos del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) pidieron a distintas autoridades, entre ellas a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), revisar la evolución patrimonial de Adán Augusto López Hernández, coordinador morenista en el Senado.
En un posicionamiento público, los integrantes de distintos Comités de Participación Ciudadana consideraron que los señalamientos que se han dado contra el ex Gobernador de Tabasco deben de ser aclarados más allá de cualquier duda razonable.
«Con pleno respeto a las competencias legales de cada institución, solicitamos: (a la) Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Fiscalía General de la República (FGR): valorar la procedencia de la apertura o continuación de indagatorias sobre eventuales operaciones inusuales y, de ser el caso, judicializar con estricto apego a derecho», indicaron.
A la Mesa Directiva del Senado de la República, que preside la morenista Laura Itzel Castillo, le pidieron garantizar que esa cámara no sea utilizada como escudo para evadir responsabilidades y que se faciliten las aclaraciones necesarias con la máxima publicidad posible.
«(Al) Órgano Interno de Control del Senado: realizar las verificaciones y cruces de información de las declaraciones patrimoniales, de intereses y constancias fiscales, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas», indicaron.
En septiembre pasado se dio a conocer que López Hernández, quien fue Gobernador de Tabasco (2019-2021), Secretario de Gobernación (2021-2023) y aspirante morenista a la Presidencia de la República (2023-2024), obtuvo en 2023 y 2024 ingresos por 79 millones de pesos sin el pago de los impuestos correspondientes y pese a haber estado en campaña, y no dedicado a actividades empresariales.
Los consejeros ciudadanos señalaron que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) debe confirmar, conforme a sus facultades y tiempos procesales, la consistencia fiscal de la información pública difundida y determinar si el legislador infringió o no alguna ley.
Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el ente de fiscalización del estado de Tabasco, añadieron, deben revisar, en su caso, contrataciones y flujos vinculados al período referido e informar públicamente sus hallazgos.
«Reiteramos que nadie está por encima de la ley y que el fuero parlamentario no debe confundirse con impunidad. La vía institucional para atender señalamientos públicos es investigar, verificar y comunicar resultados con base en evidencias, preservando los principios de presunción de inocencia y de debido proceso», señalaron.
«Confiamos en que las autoridades llamadas a actuar cumplirán su trabajo con oportunidad, rigor técnico y transparencia, y que el propio senador aportará voluntariamente la información necesaria para disipar dudas y fortalecer la confianza en las instituciones».
Los consejeros que firmaron a título personal el desplegado son Vania Pérez Morales, Presidenta del Comité de Participación Ciudadana y, por ende, del Comité Coordinador del SNA; Laura Elisa Morales Villagrán, Presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla.
También, Guadalupe Cecilia Huchin Mora, Integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla, y Keops Gibrán Torres Hernández, Consejero de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción de Durango.
De manera colegiada, el pronunciamiento fue avalado por los Comités de Participación Ciudadana de Quintana Roo, Michoacán, Sinaloa, Jalisco, Campeche y Durango.
