Detectó diferencias en las declaraciones de plataformas de streaming y no descarta iniciar procesos jurídicos por evasión fiscal a partir de 2026 si no se corrigen las irregularidades
Por Camila Ayala Espinosa/Proceso
La Prensa
CIUDAD DE MÉXICO.– Para el Servicio de Administración Tributaria (SAT) es fundamental aplicar la nueva regulación a las plataformas digitales como Uber, Netflix, Disney+ o Airbnb, pues ya se detectaron diferencias entre lo que reportan y lo que realmente ingresan. Por ello, no se descarta entrar en procesos jurídicos si se comprueban irregularidades a partir de 2026.
En entrevista, el administrador general de Recaudación del SAT, Gari Flores, reconoció que, tras diversas fiscalizaciones, han identificado en este 2025 discrepancias entre las declaraciones y las operaciones reales de las plataformas.
“De las 30 operaciones de 1 millón de pesos, de manera paralela tienen otra contabilidad, que es la real, donde no fueron 30 operaciones, fueron quizás 50 y en lugar de 1 millón de pesos eran 1 millón 500 mil pesos, y en lugar de 16 mil pesos de IVA, pues eran 30 mil pesos de IVA”, explica en entrevista.
La identificación de estas diferencias parte de que actualmente las plataformas presentan mensualmente sus declaraciones informativas.
Nos dicen: ‘Oye, pues a través de mi plataforma durante el mes de septiembre yo realicé 20 operaciones por un importe total de 1 millón de pesos, por lo cual se retuvo de acuerdo a las reglas un IVA de 16 mil pesos’.
Para 2026, en caso de identificarse alguna discrepancia y de que el Senado avale el proyecto de ley, explicó que hay dos rutas, que la plataforma de streamimg corrija de manera voluntaria o que el SAT realice una auditoría para determinar el monto omitido.
“Y la plataforma tendrá, como siempre en México, su derecho de audiencia y su derecho a ir a tribunales y a defender lo que ellos consideren respecto de la auditoría del SAT. Y hasta que haya una resolución firme respecto de esa controversia judicial, es cuando podríamos hacer un cobro por parte del SAT”, detalla a Proceso.
Gari Flores. «La plataforma tendrá, como siempre en México, su derecho a ir a tribunales y a defender lo que ellos consideren respecto de la auditoría del SAT». Foto: gob.mx
Ajustes
Al reconocer que las plataformas digitales rompieron los esquemas tradicionales del comercio, el administrador general de Recaudación del SAT considera que es indispensable trabajar en legislaciones nacionales que permitan implementar controles y regularlas, especialmente en materia fiscal.
En ese sentido, para el segundo año del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo se prevé una reconfiguración fiscal. Previamente, las plataformas digitales pagaban impuestos; por ejemplo, aquellas extranjeras que prestan servicios en México a consumidores mexicanos entregaban al SAT el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 16%, mientras que las que intermedian servicios, como hospedaje o transporte, retenían 50% del IVA a las personas físicas que colaboraban con ellas.
Para 2026, la Cámara de Diputados aprobó cambios al Código Fiscal de la Federación (CFF), destacando el nuevo artículo 30-B, con el que se busca fiscalizar directamente a las plataformas digitales.
Para Gari Flores, la intención es evitar cualquier tipo de evasión.
Lo único que se está proponiendo en este artículo 30 es tener nosotros el acceso directo a esa información para contrastar y contrarrestar que efectivamente lo que ya nos están enviando en las declaraciones informativas es la realidad.
Debate por el acceso a la información
Además, la reforma ha generado suspicacias entre especialistas y organismos del sector, como la Asociación de Internet MX (AIMX), ya que plantea que el SAT pueda tener acceso en tiempo real a las bases de datos de las distintas plataformas digitales.
Para la AIMX, existe el riesgo de que “cualquier funcionario del SAT entre a la casa de un ciudadano y vea su conexión”.
Gari Flores dice que ese no es el propósito y aclara que el SAT analiza mecanismos para conectarse a los sistemas de datos en tiempo real únicamente con fines de control fiscal.
“No podemos ni queremos tener acceso a ningún tipo de información que no sea de carácter fiscal. ¿De qué información estamos hablando en este caso? Pues de operaciones de venta, de comercio mediante plataformas donde fungen como intermediarios”, precisó.
