Quedó en evidencia que la demanda de amparo que presentó el Diputado a través de sus abogados tuvo el objetivo de saber si su libertad está en riesgo
Alexis Massieu
La Prensa
Evidenciado quedó el día de ayer que la demanda de amparo que presentó el Diputado local Antonio Flores Guerra, en contra de una orden de aprehensión emitida supuestamente por un par de jueces del fuero común y federal, no tenía por objetivo impedir que lo arrestaran, sino que era de los llamados buscadores, para saber si alguna de las autoridades señaladas, tiene o no una investigación en su contra.
Según los acuerdos dictados por el Juzgado Tercero de Distrito, con sede en la Ciudad de Piedras Negras, dados a conocer el día de ayer, el Diputado y empresario conocido como Tony Flores, no cumplió con lo que le ordenó el Juez federal Juan Marcos Dávila Rangel, de presentarse ante los jueces que presuntamente querían detenerlo, y depositar una garantía por 139 mil pesos para seguir gozando de la suspensión de dicha orden, y que no lo pudieran meter a la cárcel.
No obstante que—aparentemente—lo de la supuesta orden de aprehensión en su contra fue un pretexto o una simulación para que se les ordenara a las autoridades informar si hay o no, algo en contra de Antonio Flores Guerra, y el amparo no es lo que le interesa, porque tiene fuero, este juicio, el 1137/2025 va a continuar hasta el punto en el que el juzgado federal emita una resolución final.
Como se recordará, fue el pasado 17 de octubre cuando el diputado presentó la demanda de amparo, y apenas admitida se le concedió una suspensión provisional que lo protegía de cualquier orden de aprehensión, en dado caso que pudieran detenerlo pese a su cargo, y en la cual señalaba a 17 autoridades distintas.
Entre las autoridades que podrían tener alguna investigación en su contra, se señaló a dos jueces, del Centro de Justicia penal en Sabinas, y uno federal penal localizado en Torreón, además de agentes del Ministerio Público federales y locales, en Piedras Negras, Monclova y la Región carbonífera, sin mencionar a las corporaciones de seguridad presuntamente implicadas como la Agencia de Investigación Criminal.
Cabe señalar que la supuesta necesidad, de saber si se le está investigando o no, podría estar ligada a los cateos y aseguramientos de maquinaria, de los que trascendió fue objeto en fechas recientes durante un operativo en al menos una mina a cielo abierto, o la reciente licitación para la compra de carbón que abrió la CFE y en cuyo listado él empresario muzquense no estaba incluido.
