La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el programa Mochila Segura, que desde hace casi 20 años aplican esporádicamente los Gobiernos federal y al menos 18 estatales, casi siempre como reacción a incidentes de violencia en las escuelas.
Por cuatro votos contra uno, la Primera Sala de la Corte resolvió que no existe sustento legal alguno, ni protocolos específicos, para que las autoridades ordenen la revisión obligatoria de las pertenencias de los alumnos cuando ingresan a la escuela.
«Este Alto Tribunal reconoce la necesidad de que las distintas autoridades que conforman el Estado Mexicano, garanticen la seguridad de los educandos en los planteles educativos, mitigando cualquier riesgo que ponga en peligro su vida, su salud y, en general, su integridad; sin embargo, lo que no puede aceptarse, es la promoción y ejecución de operativos abiertamente discrecionales y sin sustento legal, que comprometen los derechos de los propios educandos», se lee en la sentencia.
Mochila Segura fue objeto de atención nacional por última vez en enero de 2020, luego que un niño de sexto de primaria mató a su maestra, hirió a seis personas más y luego se suicidó en el Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila.
El fallo incluye un estudio de derecho comparado con regulaciones en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Nueva Zelanda, donde sí existen leyes para revisiones de este tipo.
«Si bien se favorecen, en casos excepcionales, ciertas intervenciones bajo sospecha razonable, no se permite el registro generalizado de pertenencias de los estudiantes, aunque sí el escaneo general en los accesos a partir de herramientas tecnológicas como arcos o varas detectoras de metales, cuya aplicación, podría motivar solo cuando surja sospecha, la respectiva revisión», explica.
El amparo fue presentado en la Ciudad de México por la asociación civil Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia en 2017, ultima vez en que se aplicó este programa en la Capital, y la sentencia solo aplica a tres niños que fueron incluidos en la demanda.
El fundamento de Mochila Segura en 2017 fue el Plan de Acción para la Prevención Social de la Violencia y el Fortalecimiento de la Convivencia Escolar, firmado por las secretarías de Gobernación y Educación Pública, el SNTE y el Consejo Nacional de Participación Social en la Educación.
Pero la Corte rechazó que ese plan sea una base normativa real para una intervención de este tipo.
«(El plan) es únicamente un acuerdo suscrito entre distintas autoridades, para prevenir, entre otras cuestiones, el ingreso de armas a las escuelas de educación básica; no obstante, no puede darse a este documento consensual el carácter de norma general que sustente el programa Mochila Segura, ni menos en las implicaciones de su ejecución», sostuvo.
