Un tribunal federal anuló la inhabilitación de una de las empresas del ex superdelegado del Gobierno federal en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, quien hoy se registró como precandidato de Morena a la presidencia municipal de Guadalajara.
Por nueve votos contra dos, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) canceló hoy la inhabilitación de dos años y medio y multa de un millón 51 mil pesos, impuestas en septiembre de 2019 a la empresa Lomedic, proveedora del Sector Salud desde sexenios previos.
La Sala Superior del TFJA resolvió que Lomelí ya no era accionista de Lomedic en 2015, cuando participó en licitaciones por las cuales fue sancionada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), ya que desde el 31 de octubre de 2012 había donado sus acciones en la empresa a su esposa, Karina Navarro Pérez.
«La empresa no proporcionó información falsa en los procesos de contratación pública en los que participo», dijo el magistrado Víctor Orduña, en la sesión por videoconferencia del TFJA.
La SFP sancionó a Lomedic y a Laboratorios Solfran, porque ambas manifestaron en diversas licitaciones que no contaban con ningún integrante que fuera servidor público, cuando Lomelí era diputado federal, lo que incumplía con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
El fallo de hoy del TFJA puede ser impugnado por la SFP mediante revisión fiscal ante un tribunal colegiado de circuito.
El documento decisivo para la sentencia fue la certificación de un corredor público de Guadalajara, que en noviembre de 2012 hizo constar la donación de las acciones de Lomelí a su esposa.
Lo anterior, ya que las actas de la asamblea de accionistas donde se aprobó dicha donación, fueron certificadas por notario hasta diciembre de 2015, cuando Lomedic ya había participado en las licitaciones.
La magistrada Zulema Mosri, que votó en contra, sostuvo que la protocolización de diciembre de 2015 no podía tener efectos retroactivos ni adquirir fuerza probatoria, para tener por demostrado que Lomelí ya no era socio.
Mosri agregó que, aun concediendo que Lomelí ya no era accionista, sí era administrador único de la empresa, por lo que la donación a su esposa fue «una simulación», y sí hubo falsedad al declarar en las licitaciones que no había servidores públicos involucrados.
«Para mí queda muy claro que todo lo quisieron hacer después de que ya habían contratado con la administración pública», consideró el magistrado Carlos Mena, quien restó fuerza jurídica al contrato de donación entre los cónyuges.
REFORMA reveló el 31 de mayo de 2019 que el primer superdelegado del actual Gobierno en Jalisco poseía una extensa red de empresas que en los últimos trece años le había permitido obtener contratos por hasta 7 mil millones de pesos con 17 gobiernos estatales y el federal.
El 12 de julio de ese año, Lomelí renunció a su cargo y tres días después se conoció que la SFP había iniciado varias investigaciones en su contra por supuestas irregularidades en su declaración patrimonial y denuncias recibidas.
En julio de 2020, la SFP impuso una nueva inhabilitación por otros 30 meses, tanto a Lomedic como Abastecedora de Insumos para la Salud, otra de las empresas de Lomelí, a las que acusó de «presentar información falsa» en licitaciones convocadas por el IMSS y el ISSSTE.
Esta sanción no fue discutida en la sesión de hoy del TFJA, pero es previsible que eventualmente, también será anulada.
Más allá de las sanciones contra sus empresas, Lomelí informó en noviembre de 2020 que la Décimo Tercera Sala Regional Metropolitana del TFJA, que es la encargada de imponer sanciones administrativas a servidores públicos, lo absolvió de haber incurrido en alguna falta, y anunció que contendería por la candidatura morenista a la Alcaldía de Guadalajara.
